El abogado Jaime Granados, integrante de la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, aseguró este viernes que el llamado a indagatoria contra el exmandatario por las masacres de El Aro y La Granja, así como por el asesinato de Jesús María Valle, obedece a una “motivación política”.
El jurista hizo la afirmación en una entrevista con Blu Radio, donde además señaló que la defensa evalúa emprender acciones legales contra la fiscal Gloria Abadía, tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien adoptó la decisión judicial el jueves.
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Granados calificó el llamado a indagatoria a Uribe como “desleal” y una decisión con un claro “tufillo político” por parte de la Fiscalía General de la Nación.
“A pesar de ya haberle recibido versión libre al señor expresidente, a pesar de conocer cuáles son sus elementos aportados probatorios, a pesar de tener clara la situación, y pendiente de esas pruebas, decide sacar esta llamamiento a indagatoria en vísperas de elección de una segunda vuelta, con un tufillo político”, dijo el jurista.
Según el abogado, la resolución “no busca justicia”, sino generar un impacto directo en la segunda vuelta presidencial que se celebrará en apenas tres días.
La crítica central de Granados radicó en el momento elegido para la notificación. Señaló que “Uribe es la figura política más determinante de los últimos 25 años y que su partido, el Centro Democrático, apoya formalmente a uno de los candidatos en contienda”.
El abogado cuestiona el “afán” de la fiscal Marcela Abadía, señalando que los delitos investigados ya fueron declarados de lesa humanidad por la Corte Suprema, por lo que no hay peligro de prescripción que justifique la premura del llamado antes de los comicios.
La defensa de Uribe resaltó que, a pesar de la urgencia del anuncio, el ente acusador no fijó una fecha inmediata para la diligencia, limitándose a decir que se anunciará “oportunamente”, lo que para Granados refuerza la tesis de que se trata de “una maniobra meramente comunicacional y política”.
El llamado a indagatoria del expresidente Uribe es en el marco de las investigaciones por las masacres de La Granja, en Ituango, Antioquia, cometida por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) el 11 de junio de 1996; y la de El Aro, entre el 22 de octubre y el 12 de noviembre de 1997.
Además, el excongresista también deberá dar explicaciones judiciales sobre el asesinato del líder de derechos humanos Jesús María Valle, crimen ocurrido el 27 de febrero de 1998.
El abogado y defensor de derechos humanos fue asesinado con arma de fuego alrededor de las 2:30 p. m. por sicarios que ingresaron a su despacho en el Edificio Colón, en el centro de Medellín.
Las investigaciones también incluyen el papel de la hacienda Guacharacas, antigua propiedad de la familia Uribe Vélez, mencionada en distintos procesos relacionados con el surgimiento de estructuras paramilitares como el Bloque Metro.
Denuncias de Granados
Más allá de lo electoral, Granados denunció fallas en el trámite judicial del caso bajo el sistema Ley 600, en el que fue llamado a indagatoria Uribe en los procesos de las masacres del Aro, La Granja, la finca Guacharacas y los paramilitares y el crimen de Jesús María Valle, abogado y líder de derechos humanos.
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”El 26 de mayo, la propia Fiscalía había prorrogado el plazo para practicar pruebas solicitadas por la defensa. Sin embargo, el llamado a indagatoria se produce sin haber evacuado estas pruebas”, dijo Granados, quien las calificó como “fundamentales” y “ampliamente favorables” al expresidente.
Según el abogado, la indagatoria es para que el vinculado conteste sobre las pruebas existentes. “¿Cómo va a hablar sobre unas pruebas que todavía no se han practicado?”, cuestionó, calificando la situación como una violación al debido proceso que entendería “cualquier estudiante de derecho”.
Granados denunció que la resolución de la Fiscalía es “tan apresurada que contiene errores incluso en los nombres de los testigos citados”.
El jurista desestimó la tesis de la Fiscalía que sugiere que Uribe, como gobernador de Antioquia, “pudo haber solicitado” colaboración a paramilitares como Salvatore Mancuso o Carlos Castaño.
“Cuando la Corte Suprema tuvo este caso, por ser senador de la República, Álvaro Uribe Vélez estuvo bajo su competencia desde el año 2014 hasta el 2020, es decir, durante seis años. En ese tiempo, no encontró ningún mérito para llamarlo ni a versión libre ni, mucho menos, a indagatoria. De hecho, les comento que fue la propia Corte Suprema la que ordenó primero unas pruebas de singular importancia antes de remitir este caso a la Fiscalía el 15 de septiembre de 2020”, afirmó el abogado Granados en diálogo con Blu Radio.
Sobre Salvatore Mancuso, Granados afirmó que el exjefe paramilitar ya ha dado “precisiones pertinentes” que favorecen a Uribe y que está pendiente una declaración adicional solicitada por la defensa para terminar de aclarar los hechos.
Finalmente, la defensa reiteró que, debido a la reserva del sumario propia del sistema antiguo, no pueden revelar detalles específicos de las pruebas, pero insistió en que el acervo probatorio actual es “positivo” para el expresidente y que esta vinculación formal es un acto de parcialidad judicial.
