La intención del Gobierno nacional de presentar proyectos relacionados con los minerales críticos del Tolima ante inversionistas extranjeros encendió el debate sobre la soberanía de los recursos naturales, las consultas populares y los posibles impactos ambientales de la actividad minera.

La controversia comenzó después de que el vicepresidente José Manuel Restrepo anunciara, durante una visita a Ibagué, que el Ejecutivo identificó iniciativas relacionadas con el potencial mineral del departamento que podrían llevarse a la denominada Milagro Week, un encuentro de inversión previsto en Nueva York entre el 16 y el 19 de noviembre.

“Hemos identificado proyectos estratégicos que eventualmente pueden ser llevados a la Milagro Week en la ciudad de New York. Hemos identificado proyectos alrededor de minerales críticos que tiene el departamento y pueden ser oportunidades muy importantes de atracción de inversión”, afirmó Restrepo en entrevista con Caracol Radio.

El funcionario también mencionó oportunidades en agroindustria, logística, servicios basados en conocimiento, turismo y energía. Según explicó, la intención es priorizar iniciativas que estén suficientemente avanzadas y tengan posibilidades reales de conseguir financiación.

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Sin embargo, el anuncio provocó cuestionamientos de congresistas de oposición, dirigentes políticos y exfuncionarios, quienes pidieron conocer cuáles son los proyectos identificados, en qué municipios estarían ubicados y qué garantías se ofrecerían para proteger los ecosistemas y asegurar que los beneficios económicos lleguen a las comunidades.

Los reparos también se relacionan con las consultas populares que han marcado la discusión minera en el Tolima y con los acuerdos de cooperación que Colombia suscribió con Estados Unidos para fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras.

Consultas populares y soberanía: los principales cuestionamientos

Uno de los primeros en reaccionar fue el representante a la Cámara por el Tolima Marco Emilio Hincapié, del Pacto Histórico, quien acusó al Gobierno de desconocer las decisiones de las comunidades que se han pronunciado contra proyectos de megaminería.

“Muy aterrados con el comportamiento del Gobierno nacional, que últimamente vemos cómo desconocen los territorios. El Tolima tiene una historia de consultas populares en las que la gente ha decidido qué quiere que se trabaje en sus territorios”, sostuvo en diálogo con Caracol Radio.

El congresista recordó los procesos de Piedras y Cajamarca, y señaló que en este último municipio más del 98% de los votantes rechazó la megaminería en la consulta popular de 2017.

Hincapié advirtió que su bancada se opondrá a proyectos mineros a gran escala que pretendan desarrollarse en el departamento y anunció que la oposición podría impulsar movilizaciones. También expresó preocupación por los posibles efectos sobre las fuentes hídricas y las dinámicas sociales de las poblaciones cercanas a las explotaciones.

“Esto nos preocupa porque no van a los territorios a ofrecer soluciones, sino a llevarnos problemas”, afirmó.

Las críticas no se limitaron al ámbito regional. El senador Duvalier Sánchez, de la Alianza Verde, pidió explicaciones sobre los minerales y proyectos que el Gobierno pretende presentar en Nueva York, las empresas que podrían estar interesadas y la relación que tendrían esas iniciativas con los acuerdos suscritos con Estados Unidos.

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El congresista también cuestionó la falta de información pública sobre los instrumentos de cooperación bilateral. Según ha señalado, cuando solicitó explicaciones al Gobierno sobre el memorando relacionado con minerales críticos, recibió como respuesta que los documentos estaban bajo reserva.

“Estamos hablando de recursos estratégicos para el futuro del país, de nuestros territorios y de las comunidades que los habitan. No podemos permitir que el futuro de nuestros recursos naturales se decida sin que los colombianos sepamos qué se está acordando, con quiénes y bajo qué condiciones”, manifestó en su cuenta de X.

Por su parte, el exministro de Minas y Energía Andrés Camacho cuestionó las garantías para la soberanía nacional y la transformación industrial de los recursos.

“¿De qué patria hablan si nuestros minerales estratégicos terminan en manos extranjeras sin garantías claras de soberanía, industrialización y beneficio para los colombianos?”, expresó.

La representante Ana Erazo y el congresista Santiago Osorio también manifestaron reparos sobre la promoción de los recursos minerales ante capitales extranjeros y reclamaron garantías ambientales y sociales.

En el Tolima, el representante Renzo García sostuvo que las decisiones sobre el futuro del departamento deben respetar la voluntad de sus habitantes. “El Tolima NO está en venta”, escribió en un pronunciamiento en el que también defendió la protección del agua, la biodiversidad y la vocación agrícola de la región.

Por ahora, el anuncio de Restrepo no precisa cuáles son los proyectos que llegarían a la feria de inversión ni permite establecer que exista una decisión definitiva de explotación minera en una zona determinada. El Gobierno habló de iniciativas que podrían presentarse a potenciales financiadores, no de la aprobación de nuevas minas.

El antecedente de los acuerdos con Estados Unidos

La polémica también tiene como telón de fondo los instrumentos de cooperación que Colombia y Estados Unidos firmaron el 8 de septiembre de 2026 en Barranquilla, durante la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El canciller colombiano, Omar Bula, y Rubio suscribieron dos instrumentos: uno relacionado con la cooperación nuclear civil y otro orientado a fortalecer las cadenas de suministro y el procesamiento de minerales críticos y tierras raras. La Cancillería señaló que el propósito es impulsar la cooperación, el conocimiento geológico, la inversión y el desarrollo de capacidades productivas.

Estos minerales son relevantes para distintas industrias, entre ellas las tecnologías energéticas, la electrónica y la fabricación de equipos especializados. Para Estados Unidos, diversificar sus cadenas de suministro es una prioridad estratégica, en un mercado en el que China tiene un peso determinante en el procesamiento de tierras raras.

No obstante, los cuestionamientos en Colombia se concentran en las condiciones bajo las cuales se desarrollarían los proyectos, el alcance de los acuerdos y los mecanismos para garantizar que la inversión extranjera se traduzca en empleo, transformación industrial y beneficios para los territorios.

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En paralelo, el potencial minero del Tolima ya figuraba en la agenda institucional. La Agencia Nacional de Minería (ANM) lanzó en diciembre de 2025 una ronda minera de cobre, oro y minerales polimetálicos que incluyó áreas estratégicas en Tolima, Antioquia, Cesar y La Guajira.

Ese antecedente confirma que el departamento ha sido identificado por las autoridades como una región con potencial para la exploración de determinados minerales. Sin embargo, no se ha precisado si los proyectos que Restrepo pretende llevar a Nueva York corresponden a áreas incluidas en esa ronda o a iniciativas diferentes.

Tampoco se han identificado públicamente, en el anuncio del vicepresidente, los municipios y polígonos específicos, las empresas interesadas ni las condiciones de financiación de cada proyecto.

Otro de los puntos que genera preguntas es la posible coincidencia entre zonas de interés minero y áreas afectadas por los recientes incendios forestales en el departamento. Hincapié anunció que solicitará información a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para establecer si existe algún traslape geográfico entre esas áreas y solicitudes de exploración minera.

El expresidente Gustavo Petro también planteó públicamente interrogantes sobre una posible relación entre los incendios y el interés minero. Sin embargo, en los insumos conocidos no hay pruebas que permitan establecer un vínculo entre ambos hechos, por lo que cualquier eventual relación debe ser investigada y no presentada como un hecho comprobado.

La discusión, por tanto, va más allá de la llegada de inversionistas extranjeros. Mientras el Gobierno plantea atraer capital para impulsar el crecimiento económico, sus críticos reclaman transparencia sobre los proyectos y garantías para la participación de las comunidades, la protección ambiental y la soberanía sobre los recursos naturales.

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