El equipo de empalme del electo presidente, Abelardo de la Espriella, encabezado por el abogado Germán Calderón España, radicó cuatro denuncias ante la Procuraduría y la Contraloría por presuntas irregularidades en contratos y trámites administrativos del Gobierno saliente de Gustavo Petro, entre ellas un proceso de compra de servicios de ciberseguridad por cerca de $300.000 millones que debía adjudicarse el próximo 28 de julio.
La denuncia calificada como más urgente por el equipo de empalme se refiere al proceso CCENEG-094-01-2026 de Colombia Compra Eficiente, orientado a la selección de proveedores de ciberseguridad para el Estado.
Según el empalme, el proceso presenta pliegos presuntamente direccionados, requisitos que restringirían la participación de empresas locales, estudios de mercado desactualizados y un cronograma con una celeridad calificada de "sospechosa", de manera que se pidió la suspensión inmediata de la adjudicación mientras se verifica su legalidad.
Otras dos denuncias tienen como protagonista al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que firmó un convenio por más de $6.435 millones con la Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís para atender la desnutrición infantil en el Chocó.
En este caso se señaló que la entidad contratada está bajo vigilancia especial de la Superintendencia Nacional de Salud y arrastraba antecedentes de baja ejecución al momento de suscribir el convenio.
Lea aquí: Alcalde de Chinácota denuncia que están construyendo vías en Iscalá sin permisos
De acuerdo con la denuncia, durante la ejecución del convenio se registraron ausencia de personal médico y nutricional, uso de alimentos no autorizados y fallas en los protocolos de inocuidad. Estas irregularidades derivaron en una reducción del 40% en la cobertura del programa, dejaron por fuera a siete municipios y liberaron más de $2.060 millones que habían sido comprometidos inicialmente.
Los principales afectados fueron niños menores de cinco años y mujeres gestantes en condición de vulnerabilidad, según el reporte del equipo de empalme.
La cuarta denuncia recae sobre la empresa Electrohuila, donde la Procuraduría ya abrió una indagación previa por una presunta reforma estatutaria que, según los denunciantes, estaría diseñada para favorecer la permanencia en el cargo de la actual gerente de la compañía.
"El primer empalme anticorrupción de la historia de Colombia no es un ejercicio retórico: es una acción concreta, documentada y con nombres propios", señaló la oficina de prensa de de la Espriella, que agregó que el compromiso de "defender cada peso de los colombianos" comenzó antes de la posesión presidencial, prevista para el 7 de agosto.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.
