En un hecho sin precedentes tras la firma del Acuerdo de Paz, los excombatientes pertenecientes al Secretariado de la antigua guerrilla de las Farc deberán reconocer la esclavitud y el trabajo forzado como una política de secuestro.
Según una investigación de la Procuraduría General de la Nación (PGN) que llevó a evaluar el caso, dentro del actuar de las Farc se encontró “un patrón de conducta en los relatos de las víctimas” que le permitió evidenciar que muchas de ellas fueron obligadas a transportar guerrilleros y a realizar actividades agrícolas como formas de castigo ilegítimo.
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Del mismo modo, el Ministerio Público documentó varios hechos en los que las víctimas fueron comercializadas entre la guerrilla y la delincuencia común, tratándolos como un objeto de pertenencia de las Farc y desconociendo su calidad humana. Además, en cerca de 70 casos las víctimas de secuestros fueron obligadas a realizar trabajos forzados, siendo los campesinos y transportadores los más afectados.
El anuncio sobre el nuevo delito que deberá reconocer el Secretariado de las extintas Farc se dio luego de una petición realizada por la PGN, que aseguraba que los exguerrilleros debían aceptar sus responsabilidades de manera individual, y no colectiva, como lo han venido haciendo ante la JEP.
Así las cosas, y luego de aceptar las observaciones hechas por la PGN al macrocaso 01, sobre la Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la jurisdicción precisó que el grupo armado cometió “otros crímenes de lesa humanidad de manera concurrente con las privaciones de la libertad”, tal como lo había argumentado el Ministerio Público.
En el documento de reconocimiento de conductas entregado por el secretariado de las Farc, dicho grupo de mando no incluyó los delitos de esclavitud y trabajo forzado, por lo que, a partir de este 5 noviembre, tendrá 10 días hábiles para hacerlo según el mandato de la JEP y la Procuraduría.
Las observaciones dentro del macrocaso 01 estuvieron a cargo del procurador delegado con funciones de coordinación e intervención ante la JEP, quien aseguró que esta es la primera vez que se imputa este tipo de actos como parte de un patrón generalizado y sistemático de ataques dirigidos en contra de la población civil, cometidos por parte de las Farc-EP.
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El antecedente
Dentro del documento de observaciones de la Procuraduría, dicha entidad estableció que “es determinante que los comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz reconozcan que existieron órdenes en las filas guerrilleras de matar a secuestrados en casos de insubordinación e intentos de rescate”.
Así mismo, en dicho llamado de atención previo a esta decisión, la PGN afirmó que hubo una “escasa prevención, control, seguimiento y sanciones” dentro de la extinta guerrilla para aquellas personas que incurrieron en delitos como violencia sexual, tortura, trabajos forzados y mediatización humana.
Hasta el momento, los antiguos integrantes del secretariado de las Farc no han dado declaraciones al respecto.
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