A una semana del terremoto de 7.4 que sacudió al país, Pereira continúa enfrentando una compleja fase de atención y recuperación. Mientras avanzan las labores de remoción de escombros y evaluación de estructuras afectadas, ahora se suman denuncias de supuesto acaparamiento de ayudas y falsos damnificados de la tragedia.

La ciudad, de acuerdo con el más reciente balance, registra 100 personas fallecidas, más de 157 desaparecidas y 253 heridos.

En cuanto a los daños materiales, el reporte detalla 66 inmuebles destruidos totalmente, afectaciones en más de 100 instituciones educativas y la necesidad proyectada de derribar más de 200 edificaciones que quedaron averiadas gravemente tras el terremoto.

El personero de Pereira, Leonardo Fabio Reales Chacón, advirtió en diálogo con EL COLOMBIANO que la magnitud de la emergencia desbordó la capacidad de respuesta del municipio y pidió una mayor presencia efectiva del Gobierno Nacional.

“Atender a la comunidad en medio de una circunstancia como esta es muy complejo. Las instituciones, por muy organizadas que estén, difícilmente están preparadas para atender situaciones de esta magnitud”, afirmó Reales.

El funcionario señala que, de manera tentativa, se proyecta la existencia de casi 40.000 personas o familias afectadas por el sismo.

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Esta alarmante cifra se calcula con base en los graves daños ocurridos en el centro de la ciudad (que representa el pulmón del desarrollo de Pereira), la comuna universitaria en la zona occidental, y áreas de gran densidad como los sectores de Providencia y Cuba.

El censo apenas está iniciando en el municipio. Por esta razón, el personero de Pereira aclara que oficialmente no se cuenta todavía con una cifra consolidada, sino que apenas se está recabando la información.

El proceso de registro se está concentrando principalmente en dos puntos geográficos de la ciudad: un centro de censo establecido en el parque El Lago y otro punto reactivado en el parque Olaya Herrera.

En ese contexto, precisamente, este diario conoció diversas denuncias de la forma en la que se estarían restringiendo algunos apoyos en el parque Olaya, lugar dispuesto como albergue que reúne a unas 1.500 personas damnificadas.

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Una de las denuncias conocidas reportan que en ese sitio “se ha generado una división entre diferentes grupos que trabajan en la atención de los damnificados”.

Según el relato de la fuente con EL COLOMBIANO, algunos jóvenes que participan en la organización de las ayudas habrían asumido el control de determinados espacios y rechazado propuestas de coordinación con otros grupos de voluntarios.

La persona que entregó el testimonio, bajo la condición de reserva de fuente, aseguró que durante una jornada una red de apoyo consiguió carpas prestadas por una empresa privada para organizar las ayudas y propuso trabajar conjuntamente con el grupo que ya estaba instalado en el lugar.

Sin embargo, según su versión, la propuesta fue rechazada.

El mismo testimonio relata que, en otro momento, llegó un camión cargado de mercados y otras ayudas. Funcionarias de la Alcaldía se acercaron para ofrecer apoyo y plantear una organización conjunta de la entrega, pero, de acuerdo con la denuncia, fueron retiradas de manera grosera del lugar.

También, según su relato, se habría presentado un episodio con integrantes del Ejército que llegaron para ofrecer colaboración, quienes fueron obligados a retirarse del lugar al acusarlos de “paramilitares”.

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“Eran carpas divididas de la Alcaldía y unas carpas que están ahí controladas por esos muchachos. Ellos decían a quién le entregaban el almuerzo y a quién le entregaban la comida y nadie más”, dio a conocer la fuente.

La denuncia sostiene que, cuando funcionarios de la administración municipal intentaban ofrecer apoyo, eran retirados de algunos de estos espacios.

En cuanto al riesgo de suplantación, el personero Leonardo Fabio Reales aclaró que hasta el momento no se conocen de forma oficial casos reales de “colados”, tratándose únicamente de advertencias y mensajes difundidos a través de redes sociales y medios de comunicación.

Sin embargo, la alarma sobre personas ajenas que intentan registrarse como damnificadas fue reportada directamente por los propios refugiados acantonados en el parque Olaya Herrera.

Ante este escenario de vulnerabilidad, la administración municipal y los órganos del Ministerio Público —incluyendo la Procuraduría, la Defensoría y la Personería— coordinaron esfuerzos para asegurar que el censo de emergencia sea completamente riguroso, concreto y específico, impidiendo el oportunismo mediante el apoyo de líderes comunitarios identificable.

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EL COLOMBIANO intentó hablar con el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, pero hasta el momento no se ha logrado una respuesta para poder conversar sobre estas denuncias.

Uno de los principales retos que enfrentan las autoridades en Pereira es identificar con precisión a las personas que realmente resultaron damnificadas por la tragedia y garantizar que las ayudas lleguen a quienes las necesitan.

El parque Olaya Herrera, centro de alertas por las entregas de ayudas que puedan perderse, es uno de los principales escenarios de este proceso.

El personero Leonardo Fabio Reales dijo que parte de esta población comenzó a ser trasladada al Coliseo Menor con el propósito de descongestionar el lugar, mejorar las condiciones de atención y avanzar en la identificación de los damnificados.

“Hoy se concertó trasladar a una parte de esa población que se van a autocensar, por decirlo así, llevarlos desde las seis de la tarde al Coliseo Menor, a fin de atenderlos como se merecen e ir descongestionando el parque Olaya Herrera”, explicó Reales Chacón.

La Personería advierte que el autocenso es un mecanismo inicial de identificación, pero que la información deberá ser posteriormente verificada por las autoridades.

“El autocenso es un mecanismo para comenzar a identificar a las personas que están llegando a los centros de atención, pero la información debe ser posteriormente verificada por las autoridades”, aclaró el funcionario frente al riesgo de ‘colados’ con el autocenso.

El proceso cuenta con el acompañamiento del Ministerio Público y de organizaciones que tienen contacto directo con diferentes comunidades.

La preocupación surgió luego de que se advirtiera sobre la llegada de personas que aseguran ser damnificadas y que podrían intentar acceder a las ayudas sin ser afectados por el sismo.

“Casos oficiales que se conozcan, no. Lo que existe son mensajes que han circulado en medios de comunicación y redes sociales”, expresó Leonardo Reales Chacón.

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La administración busca apoyarse también en grupos comunitarios identificables que tienen contacto directo con poblaciones específicas y que pueden contribuir al proceso de verificación.

La concentración de más de 1.500 personas en el parque Olaya Herrera se ha convertido en uno de los principales desafíos para las autoridades.

La Personería ha acompañado las visitas a los diferentes centros de atención y señaló que se ha comenzado a trasladar parte de la población hacia otros espacios.

Además del Coliseo Menor, la Villa Olímpica, el Coliseo Mayor, el sector del parque El Oso y el parque El Vergel hacen parte de los lugares habilitados para atender a los damnificados.

En la Villa Olímpica, por ejemplo, se atienden 116 personas, correspondientes a más de 40 familias entre niños, niñas y adultos.

Tomado de El Colombiano

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