Un nuevo escándalo por presunta corrupción administrativa e irregularidades en el manejo de recursos públicos sacude al departamento del Chocó. La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al alcalde del municipio de Riosucio, Juan Moreno Mena, así como a otros cinco funcionarios de su administración, por presuntas anomalías en la contratación logística de las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo.
El paquete de delitos endilgados por el ente de control incluye peculado por apropiación, prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento privado.
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Funcionarios vinculados y división de contratos
La investigación salpica directamente a la cúpula financiera y administrativa de la localidad. Entre los procesados figuran el secretario de Hacienda, Roberto Bayron Tipton Caicedo; el jefe de Presupuesto, Francisco Calvo Romaña; el auxiliar administrativo, Wilmer Enrique Romaña Vargas; el coordinador de la Oficina de Riesgo, Jair García Rodríguez, y el recaudador de impuestos, Ariel Alejandro Moreno Ayala.
De acuerdo con el material probatorio recopilado, los imputados habrían incurrido en el fraccionamiento de contratos para eludir los procesos de selección objetiva con pluralidad de oferentes. A través de este mecanismo, el mandatario local habría dispuesto la división del presupuesto en cinco resoluciones por un monto total de 200 millones de pesos, justificando giros directos sin incluir las necesidades en el plan de adquisiciones anual, pese a que el calendario electoral era conocido desde 2025.
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Facturas falsas, almuerzos y combustible
Las pesquisas judiciales revelaron que solo una fracción de los $200 millones fue destinada en realidad a la logística de las votaciones. Para legalizar los desembolsos restantes, la administración habría recurrido a maniobras fraudulentas como el soporte de cuentas mediante facturas sin fecha por supuesta entrega de almuerzos.
De igual forma, se identificaron soportes de suministro de combustible expedidos con fechas posteriores a la jornada electoral o con costos inflados, sumados a constancias falsificadas sobre pagos excesivos de viáticos a jurados de votación. La Fiscalía continuará el proceso penal para determinar el grado de responsabilidad de los procesados.
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