La Fiscalía General de la Nación mantendrá en su jurisdicción la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por sus presuntos vínculos con las masacres de La Granja y El Aro, ocurridas en Antioquia, y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.
La decisión se conoce después de que el presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Carlos Alberto Cuenca, solicitara a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, remitir el expediente al considerar que podría existir un conflicto de competencias entre esa comisión y la Fiscalía.
Sin embargo, el ente investigador sostuvo que los hechos que dieron origen al proceso corresponden a los años 1996 y 1997, cuando Uribe se desempeñaba como gobernador de Antioquia, y no al periodo en el que ejerció como presidente de Colombia, entre 2002 y 2010.
¿Por qué la Comisión de Acusación pidió el expediente?
La Comisión de Investigación y Acusación planteó que la Fiscalía estaría investigando una hipótesis relacionada con la presunta participación de Uribe en el delito de concierto para delinquir agravado, por supuestos vínculos con el grupo paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas y que posteriormente habría sido identificado como el Bloque Metro.
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Cuenca argumentó que, al tratarse de un delito de carácter permanente, su ejecución podría haberse extendido hasta 2003, cuando Uribe ya se encontraba ejerciendo la Presidencia de la República. Por esa razón, consideró que la Comisión podría asumir competencia como juez natural de los hechos ocurridos durante su mandato.
La Fiscalía rechazó ese planteamiento y explicó que esa no es la hipótesis jurídica que sustenta la investigación que actualmente adelanta.
Fiscalía dice que los hechos investigados ocurrieron entre 1996 y 1997
De acuerdo con el ente investigador, la investigación previa contra Uribe fue abierta el 16 de mayo de 2000, debido a hechos relacionados con su actuación como gobernador de Antioquia.
En ese proceso se busca establecer si el entonces gobernador incumplió sus deberes de protección a la población civil frente a las masacres perpetradas por grupos armados ilegales en 1996 y 1997 en los corregimientos de La Granja y El Aro, en el municipio de Ituango.
La Fiscalía también señaló que la investigación busca determinar si existió una relación entre Uribe y grupos paramilitares que, según la hipótesis investigativa, permanecían en la Hacienda Guacharacas, de su propiedad.
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El ente investigador precisó que establecer ese supuesto vínculo no significa afirmar que Uribe haya continuado relacionado con organizaciones que posteriormente adoptaran otras denominaciones hasta 2003.
Por ello, la Fiscalía concluyó que la hipótesis planteada por la Comisión de Acusación sobre una eventual prolongación del delito de concierto para delinquir hasta ese año no corresponde a los hechos jurídicamente relevantes que son objeto de la investigación.
La Corte Constitucional podría resolver el conflicto
Aunque la Fiscalía mantuvo su posición de continuar con el proceso, reconoció que la comunicación de la Comisión de Investigación y Acusación plantea formalmente un conflicto de competencia.
Por esta razón, el ente investigador ordenó remitir el expediente original a la Corte Constitucional, para que determine cuál de las dos instancias debe asumir el caso.
Mientras se resuelve esta controversia, la investigación continuará bajo conocimiento de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, salvo la decisión que adopte la Corte Constitucional sobre la competencia.
Tomado de El Universal.
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