Ya han pasado un mes y más de cinco días del momento en que el presidente, Abelardo de la Espriella, anunció públicamente la creación del "Fondo Milagro", pero el tiempo pasa y aún no entra a operar el mecanismo que le iba a dar agilidad a las ayudas para los miles de afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

El silencio por parte del Gobierno, la falta de cifras y destino de los recursos internacionales donados y la inoperatividad hasta el momento del Fondo activó las alertas de varios sectores a nivel nacional e internacional, quienes lo califican como un Fondo "de papel", lo comparan con el cuestionado Ministerio de la Igualdad y piden avances.

Fue el pasado 12 de agosto –dos días después del terremoto de magnitud 7,4- cuando el Presidente anunció desde el Palacio de San Carlos la creación de esta nueva entidad, encargada de canalizar y administrar los recursos destinados a la reconstrucción de viviendas, hospitales, colegios, vías y demás infraestructura destruida.

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Lo que parecía un vehículo ágil para atender la emergencia, se quedó congelado en el tiempo y sin respuestas durante más de mes y medio, hasta que despertó el pasado 6 de octubre cuando el jefe de Estado firmó el decreto 1379 de 2026, que creó legalmente el Fondo y su junta directiva.

“El Fondo Milagro está formalmente constituido y entra en operación. A partir de este miércoles comenzará la disposición de los recursos, con un monto inicial de un billón de pesos”, señaló el mandatario, en su momento.

No obstante, cuando está en marcha la tercera semana de octubre el Fondo aún no funciona, el Ejecutivo no ha dado respuestas claras, mientras el Estado paga más de $250 millones mensuales de comisión para la fiducia del Fondo que no entra en operación.

Las críticas al manejo del Fondo han coincidido con la controversia sobre las ayudas recolectadas por la Fundación "Colombia, luz y sonrisas", de la primera dama Ana Lucía Pineda, que este viernes presentó un balance de  los recursos recibidos, que son distintos a del Fondo Milagro y que son exclusivamente de carácter privado.

Según este reporte, la Fundación ha obtenido $54.589.523.791, provenientes de donaciones de personas naturales y jurídicas, la mayor parte de ellos de la familia Gilinski, dirigido específicamente para la reconstrucción en Cali.

Con recursos, pero no se ejecuta

Luego de más de dos meses del terremoto, Jaime Uribe, designado como gerente del Fondo, en una sesión de la Comisión Accidental Bicameral del Congreso aceptó que "no teníamos las herramientas" y que aún están a la espera de definirse los manuales operativo y de contratación, además del reglamento del Consejo Directivo, instrumentos que establecerán las condiciones para el funcionamiento del Fondo.

Con respecto a los recursos disponibles, el gerente señaló que este abrirá con los primeros $624.000 millones, los cuales tienen origen en un crédito con la banca multilateral.

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"Tenemos que empezar a ejecutar ya y que la gente sienta la presencia nuestra, porque la verdad tenemos unos compatriotas que la están pasando muy mal", admitió Uribe, quien también habló de reconstrucción, de demolición y hasta de una reunión de la junta, que fuentes consultadas aseguran que aún no se realizó.

Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, designado como parte de esa junta directiva, señaló que hasta ahora están comenzando a conocer cómo funcionará la estructura y los recursos que podrían manejar. "Estamos esperando la reunión con Jaime Uribe, no le puedo asegurar nada".

Sectores de oposición han cuestionado la tardanza de la entrada en funcionamiento del Fondo. Para la congresista Cathy Juvinao ha calificado al fondo como "de papel".

"Me deja con un nudo en la garganta, porque aquí estamos hablando de más de 500.000 víctimas en todo el país, de que el señor gerente confiese que hasta ahora van a sesionar y que no hay manual operativo ni manual de contratación ni nada después de más de dos meses. El Fondo sigue siendo de papel", afirmó la representante a la Cámara del Partido Verde.

Incluso, puso en tela de juicio el manejo y ejecución de los recursos, al asegurar que "el Fondo Milagro no ha empezado y quedó diseñado que va a tener menor transparencia que el Fondo del Ministerio de la Igualdad, lleno de escándalos".

Por el momento, los recursos permanecen depositados en entidades financieras, mientras cientos de familias siguen durmiendo en carpas, tras los daños estructurales en sus viviendas.

Para Transparencia por Colombia resulta llamativo que de los 768 contratos registrados en SECOP I y SECOP II para la atención, recuperación y reconstrucción, solo cinco son del orden nacional, incluyendo el contrato del Fondo Milagro.

"Esta situación pone de manifiesto una brecha de trazabilidad entre las acciones comunicadas públicamente por el presidente de la Espriella y su materialización observable en la contratación analizada", señaló Transparencia.

Argumentó que se necesita mucha más garantía de transparencia, citar como ejemplo los mecanismos fiduciarios, que sujeta a un régimen privado, "genera riesgos de corrupción importantes que deben ser atendidos".

El congresista Duvalier Sánchez también cuestionó el manejo de las ayudas internacionales, de empresarios y de varios sectores que el Gobierno aún no ejecuta, mientras se paga una fiducia.

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"Que tragedia la incompetencia, crearon primero la fundación de la primera dama y hoy se paga 250 millones de pesos mensuales por fiducia a Fiducoldex. Con eso podríamos atender 280-300 familias en el Chocó, pero no les importa", afirmó Sánchez.

Las dudas de la atención a los damnificados también llegaron al plano internacional, en donde La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) cuestionaron el hecho de que dos meses después el gobierno no pone en funcionamiento el "Plan Milagro" para las víctimas,

"Persisten desafíos para identificar a todas las personas damnificadas y asegurar su acceso oportuno a estas medidas, especialmente en municipios apartados, zonas rurales dispersas y territorios con limitada presencia institucional", aseguraron la Comisión y la Relatoría en su mensaje de alerta.

Además de advertir que más de 400 mil personas afectadas siguen en alojamientos temporales y bajo necesidades relacionadas con agua potable, saneamiento, manejo de residuos, seguridad alimentaria, prevención de la violencia basada en género, sumado a un millón de niños que siguen afectados en materia de educación.

La Relatoría Especial de la CIDH hizo un llamado al Estado para garantizar el acceso humanitario a los territorios afectados y garantizar sus derechos en el marco de los principios fundamentales.

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