El Gobierno nacional publicó para comentarios un decreto con el cual busca implementar a nivel nacional el modelo de concesión de colegios públicos, que ya ha operado en Bogotá.
La norma permitiría a particulares, así como a organizaciones religiosas, administrar y operar colegios oficiales hasta por 12 años, rigiéndose por el régimen laboral privado.
La reforma modifica algunos artículos del Decreto 1075 de 2015 y establece las condiciones en las que los particulares pueden cumplir esta labor.
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El operador de la institución deberá acreditar al menos 10 años de experiencia en administración o prestación del servicio educativo.
Autoriza también a iglesias y a organizaciones religiosas con trayectoria en el campo educativo a desarrollar estrategias pedagógicas en establecimientos de educación pública.
La iniciativa fue criticada por el expresidente Gustavo Petro, quien aseguró que el Gobierno de Abelardo de la Espriella busca implementar en la educación el mismo modelo privado que viene utilizando en el sistema de salud.
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“Abelardo plantea por decreto, establecer el sistema de salud con intermediarios privados en el sistema de la educación pública. La consecuencia sería la misma: negociados y empobrecimiento de la educación. En vez de más estudiantes y profesores, el dinero se volvería ganancia particular de iglesias del evangelismo sionista y de la politiquería mafiosa”, señaló Petro.
“La respuesta debe arrancar ya del estudiantado de los colegios públicos: hora de moverse, del profesorado y de los padres y madres de familia Invito a los estudiantes de secundaria a configurar los comités estudiantiles por colegio para organizar la. gran movilización por la educación pública”, añadió el expresidente.
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Por su parte, la Federación Colombia de Trabajadores de la Educación (Fecode), se unió a las críticas, asegurando que este decreto es un claro caso de privatización del sector.
“Alertamos y rechazamos con total contundencia el proyecto que plantea modificación de varios artículos del Decreto 1075 de 2015. El proyecto incluye una serie de artículos que pretenden privatizar la educación pública, dirigir recursos públicos a operadores privados, facilitar la precarización de la contratación docente, entre muchos otros aspectos inconstitucionales”, concluyó.
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