Tras el encuentro entre los negociadores de este fin de semana entre Gobierno Nacional y las disidencias del Estado Mayor Central con autoridades locales y departamentales en el municipio de Puerto Concordia, Meta, los representantes de ambas partes anunciaron haber llegado a un acuerdo para establecer un “plan de transformación” territorial en el Sur del Meta, actualmente azotado por el recrudecimiento del conflicto.

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En un comunicado firmado por Camilo González Posso, representante del Gobierno; y Camilo Calarcá Córdova, vocero de la delegación del Estado Mayor Central, señalan que acordaron “instalar una comisión interinstitucional y comunitaria para abordar y construir el plan de transformaciones territoriales para la paz del Sur del Meta, incluyendo a Vistahermosa y Puerto Rico, y parte del municipio de San José del Guaviare, en su zona noroccidental, el 14 de junio de 2024, la cual sesionará en Puerto Rico Meta”.

Tanto el vocero del Gobierno como el de las disidencias en las que están representados los bloques Jorge Suarez Briceño, Gentil Duarte del Magdalena Medio y Frente Raúl Reyes, aseguraron que esta plan abordará temas como el acceso a la tierra productiva, el medio ambiente y el empleo , así como asuntos sociales y de infraestructura. También establecerán un grupo especial de género.

“De la misma manera se tendrán en cuenta como insumos las relatorías construidas en Puerto Concordia para aportarla a la Comisión Interinstitucional y comunitaria prevista. Las partes designan dos delegados cada una de ellas para trabajar en los detalles de la convocatoria y términos de referencia para dicha instalación, adelantar el dialogo con los alcaldes, la Gobernación e instituciones nacionales y territoriales, y la participación de representaciones comunitarias para dicho evento”.

En el siguiente ciclo, que tendrá lugar entre el 20 y el 26 de junio, se definirá la metodología la cual, según aseguraron, buscarán que garantice la participación plural y democrática de toda la comunidad de estos territorios en la ruta de implementación de lo que calificaron como transformaciones territoriales, que se enmarcan en el proceso de paz que adelanta el Estado con la disidencia que no se suscribió al Acuerdo de Paz firmado con las Farc en 2016.

En el encuentro de este fin de semana, tanto la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, como decenas de líderes sociales y comunitarios expresaron públicamente sus reclamos por la actuación de las disidencias y la violencia que se sigue cometiendo en el Meta a pesar del diálogo de paz que adelantan con el Gobierno.

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“Hoy acá con ustedes, no soy únicamente la gobernadora del Meta, soy la mamá de los 7 niños que tenemos reclutados en lo que va de este año y los que años atrás se llevaron y nunca volvieron; soy igualmente uno de los 200 comerciantes que con valentía este año han denunciado la extorsión de la que son víctimas y muchos más que no denunciaron; soy también aquel campesino que amenazan e instrumentalizan con el único objetivo de deforestar la selva y acumular más tierra”, dijo la gobernadora, que les preguntó si todos estos crímenes hacen parte de los que ellos llaman “transformaciones territoriales”.

Por su parte, los líderes comunitarios le manifestaron al Gobierno que el mejor gesto para restablecer la confianza y que la comunidad se convenza de que este diálogo tiene algún futuro es, precisamente, cumplir con todo lo que ordena el Acuerdo de Paz firmado con las Farc hace ya ocho años, pues reiteraron que su implementación sigue estando cruda en el departamento.

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