Luego de que las comisiones económicas del Congreso aprobaran en primer debate el Presupuesto General de la Nación de 2027 que le reduciría $170.000 millones a la JEP, Congresistas del Pacto Histórico se reunieron con magistrados, víctimas y comparecientes para hablar de los avances de la jurisdicción y sus condiciones financieras.

Desde Pitalito, donde se desarrollan las sanciones propias de los integrantes del último secretariado de las extintas Farc, el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, manifestó su preocupación por los derechos de las víctimas y los procesos jurídicos de los firmantes, y señaló que, aunque entiende la situación fiscal del país, la reducción actual deja a la Jurisdicción “realmente inoperante”.

Agregó que la Jurisdicción siempre ha estado abierta al diálogo y al escrutinio, por lo que hizo un llamado al diálogo y a la reflexión sobre la necesidad del presupuesto, y pidió poner como prioridad a las víctimas, sin caer en debates administrativos o personales que desvirtúan el ejercicio misional de lo pactado en los Acuerdos de Paz.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la JEP, Danilo Suárez, respondió durante el encuentro a los cuestionamientos sobre el uso de los recursos de la jurisdicción, particularmente a las críticas relacionadas con los gastos de viaje.

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Suárez aseguró que el 99% de los recursos destinados a comisiones de viaje se utiliza para garantizar la presencia de víctimas y comparecientes en diligencias y audiencias, así como el desplazamiento de los equipos judiciales a los territorios, y calificó la información que circula en redes como “incompleta y desenfocada".

Asimismo, agregó que la JEP ha realizado un proceso de ahorro desde 2024 que, según sus cifras, supera los $22.000 millones entre ese año y 2026.

También sostuvo que la entidad está dispuesta a contribuir a la atención de la emergencia fiscal mediante iniciativas en las que los comparecientes puedan participar en labores de reconstrucción con contenido reparador y restaurativo.

Sin embargo, advirtió que los ajustes presupuestales no deberían impedir el funcionamiento de la jurisdicción. “Nuestra disposición es absoluta. Entendemos la contracción fiscal, pero no puede ser a través de la parálisis de la actividad judicial como se resuelva dificultades de la rama o dificultades de orden fiscal global”, señaló.

Como parte de su intervención, la magistrada Lily Rueda defendió el alcance del trabajo realizado desde la apertura del macrocaso en 2019, y explicó que la investigación ha involucrado a más de 11.000 personas y a seis colectivos étnico-raciales que, según indicó, agrupan a más de 9.000 personas.

Rueda explicó que para establecer cómo funcionó el reclutamiento de menores fue necesario reconstruir el funcionamiento de las estructuras armadas y los patrones de violencia durante décadas, por lo que destacó como clave el papel de los encuentros entre víctimas y comparecientes dentro de estos procesos.

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La magistrada Catalina Díaz, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad, sostuvo que una eventual terminación de la JEP en 2028 dejaría pendientes procesos contra comparecientes que no han reconocido responsabilidad y que, por esa razón, deben enfrentar juicios adversariales.

Díaz destacó que, según las cifras que presentó durante la reunión, alrededor del 90% de los comparecientes han reconocido los hechos y su responsabilidad en los procesos de la jurisdicción.

En la reunión también participó el embajador de Noruega, Dag Nagoda, quien se encuentra acompañando al magistrado Ramelli en la verificación de las sanciones propias, y quien calificó el proceso como un hito para la justicia transicional.

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