Un día antes de la audiencia de acusación de este viernes, el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Villarreal, radicó un documento con una adición al escrito original de acusación dispuesto para debatirse. Se trata de un oficio de diez páginas que suma un nuevo delito contra el expresidente Álvaro Uribe.

Originalmente, Uribe fue investigado por soborno en actuación penal y fraude procesal, ambos "en concurso homogéneo y sucesivo", es decir, cometidos en varias ocasiones. Luego de examinar las pruebas que reposaban en el expediente, Villarreal decidió agregar el delito de soborno, que involucra a la condenada exfiscal Hilda Niño Farfán.

El soborno en actuación penal es distinto al soborno. El primer delito, endilgado a Uribe, desde que su caso estaba en poder de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, tiene que ver con ofertas para amañar testimonios de quienes saben de un hecho delictivo, mientras que el segundo se relaciona con dádivas para cualquier persona.

Un ejemplo en el propio caso de Uribe es que el expresidente, presuntamente, presionó a Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra para que dejaran de declarar contra él y su hermano por presuntos vínculos con el paramilitarismo.

Eso es soborno en actuación penal, porque sus versiones se han entregado a autoridades judiciales que indagan a Uribe.

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Además, al parecer, los sobornos buscaban que los ex paramilitares declararan contra el senador Iván Cepeda, contra quien la Corte Suprema adelantaba una investigación por una denuncia de Uribe que terminó archivada. Eso significa que los supuestos beneficios ofrecidos por Diego Cadena, por orden de Uribe, se encaminaban a una actuación penal.

Con la exfiscal Niño es distinto, pues ella no hacía parte de ningún proceso contra Uribe o Cepeda. La hipótesis de la Fiscalía es que Cadena, como emisario del exjefe de Estado, se acercó a la cárcel El Buen Pastor a ofrecerle un soborno para que denunciara que el exfiscal general Eduardo Montealegre creó un montaje contra Uribe.

La intención de Cadena y Uribe, presuntamente, era involucrar a Montealegre y a su exvicefiscal, Jorge Perdomo, en una falsa confabulación ideada junto al exmagistrado José Leonidas Bustos para enlodar a los hermanos Uribe con vínculos con el paramilitarismo y con la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia.

"El 9 de mayo de 2018, (Diego) Cadena Ramírez le prometió 'dialogar' con su mandante para que le colaborara con la asignación de un cupo que requería para continuar su detención preventiva en la Escuela del Ejército donde el expresidene Uribe Vélez residía, y que, pese a una sentencia de tutela, ella aún no ha podido lograr", precisó la adición.

Como la adición fue radicada apenas esta semana, poco más de un mes después del primer escrito de acusación, el abogado del expresidente Uribe, Jaime Granados, le pidió a la Juez 44 Penal del Circuito suspender la audiencia para estudiar a cabalidad el nuevo texto. Sin embargo, la togada rechazó "de plano" la solicitud.

Para la juez, se trata de un caso bastante largo que no amerita más días para estudiar una breve adición. Pese a la "sorpresa" manifestada por Granados, el rechazo, dijo la juez Sandra Heredia Arana, "no significa que se les esté saltando la posibilidad de preparar las audiencias". Es decir, en su criterio, no se afecta el derecho a la defensa.

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El abogado Juan David León, representante de los ex fiscales Montealegre y Perdomo, le pidió a la juez que sus defendidos sean acreditados formalmente como víctimas en el proceso, teniendo en cuenta los presuntos sobornos a Niño.

Ambos exfuncionarios han intervenido en el resto de etapas. La juez 44 aún no se pronuncia al respecto.

“Se pretendió crear un montaje en el que se les hizo una atribución a mis representados (...) de haber creado un andamiaje supuestamente criminal para afectar al señor Álvaro Uribe y al señor Santiago Uribe y a los procesos que tuvieran vinculados en escenarios de conflicto”, precisó León, tras citar varios argumentos jurídicos.

Pasadas las 8 de la mañana de este viernes inició la audiencia con la que el proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe por soborno a testigos y fraude procesal podría seguir adelante luego de varios intentos de la Fiscalía, bajo la administración de Francisco Barbosa, de precluir y archivar el caso.

Se trata del paso con el que cierra la etapa de investigación en un proceso penal y, luego de que se formaliza en una diligencia como la de este 17 de mayo, da vía a un juicio.

El primer paso es acreditar a las víctimas, frente a lo cual Deyanira Gómez, expareja de Juan Guillermo Monsalve, también expuso su solicitud.

Uribe se convierte en el primer expresidente colombiano en ser acusado y, potencialmente, el primero en encarar un juicio penal.

Además de Diego Cadena, el magistrado del Consejo Electoral Álvaro Prada, exrepresentante a la Cámara por el Centro Democrático, tiene consigo un proceso en la Corte Suprema de Justicia por los mismos hechos.

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