El exjefe del secretariado de las Farc, Rodrigo Londoño, deberá certificar este lunes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su regresó al país, luego que se cumplió el permiso que le dio ese tribunal para viajar a un evento político en España.

Londoño también es esperado en un congreso internacional que convoca la Contraloría General de la República, para hacer un balance de los 10 años del acuerdo de paz, en el que comparte escenario con el expresidente de la República, Juan Manuel Santos.

La salida de Londoño del país ha provocado un enorme revuelo, al punto de que versiones de prensa han asegurado que podría no regresar de su viaje, por las afirmaciones que hizo en la noche de este lunes el presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien dijo que se pondrá a trabajar para que el excomandante guerrillero, conocido en la organización con el alias de Timochenko, pase la vida en la cárcel.

“Vemos al criminal de guerra Timochenko de gira internacional, con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de tribunal, de la JEP”, señaló De la Espriella.

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Y agregó: “ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida, voy a trabajar en ello”, mientras insistió en sus críticas contra la JEP, que, según dijo, promueve la impunidad de los crímenes de las Farc.

Pese a que está prevista la presencia de Londoño en esos dos espacios este martes, tanto en la JEP, con en el evento de la Contraloría, Blu Radio afirmó que en el excomandante guerrillero este les dijo que está evaluando si vuelve o no al país.

No obstante, la versión no está confirmada, pues tanto la JEP como la Contraloría tienen confirmada la asistencia de Londoño este martes.

De incumplir la obligación de presentarse, JEP podría ser expulsado del tribunal de paz y ser juzgado por la justicia ordinaria.

Sin embargo, si Londoño continúa con su proceso ante la JEP, la única forma de modificar la sentencia en su contra y llevarlo a la cárcel, como propone el presidente electo, sería promover una reforma constitucional, que implicaría desconocer el acuerdo firmado con las Farc hace 10 años.

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