En su posesión como nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el magistrado Danilo Rojas Betancourth anunció que el alto tribunal entregará la actual sede del edificio Torre Squadra, reducirá los esquemas de protección y hará un recorte del 85% de los contratos de prestación de servicios, como parte de las medidas adoptadas dentro del plan estratégico de austeridad para responder a la reducción presupuestal de $170.000 millones para la vigencia 2027.

Entre las decisiones ya adoptadas, Rojas anunció que en marzo de 2027 la Jurisdicción hará la entrega formal del edificio, por lo que esta ceremonia de posesión es “el último acto público en este edificio”. De acuerdo con la información que entregó, la entidad pasará de utilizar 15.000 metros cuadrados a cerca de 4.200, con lo que espera reducir sus costos en aproximadamente $26.000 millones anuales.

Dicho cambio físico implicará que el trabajo virtual se convierta en la regla y que se implemente un modelo de trabajo por turnos. Además, para el desarrollo de tareas específicas de las oficinas territoriales, la Jurisdicción buscará apoyo de universidades, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, entidades públicas y autoridades locales.

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Sumado a las medidas anteriores, el tribunal anunció que reducirá sustancialmente los esquemas de seguridad de magistrados, fiscales y secretarios ejecutivos. En el caso de estos últimos, el presidente anunció que se prescindirá por completo de sus esquemas.

Asimismo, informó que se reducirán las medidas de protección para víctimas, testigos y comparecientes, con lo que, según dijo, se espera un ahorro aproximado de $37.000 millones al año.

Frente a esta última medida, Rojas anunció que “dada la sensibilidad de esta decisión de inmediato pediremos al gobierno nacional asumir esta responsabilidad con base en lo establecido en las normas pertinentes”.

Como tercera medida, el tribunal recortará el 85% de los contratos de prestación de servicios, lo que representaría un ahorro cercano a los $83.000 millones. Dichos contratos abarcan labores como la defensa técnica, el apoyo psicosocial y los encuentros restaurativos entre víctimas y comparecientes.

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“La JEP hará hasta lo imposible para que los rubros que facilitan a las víctimas y a los comparecientes su participación procesal no se vean alterado”, afirmó Rojas, y añadió que la entidad tendrá que reorganizar su planta de personal para intentar cubrir parte de las funciones que dejarán de atender los contratistas.

Además de las medidas de austeridad, el nuevo presidente también anunció que el nuevo plan estratégico de la JEP, que se dará a conocer en su totalidad próximamente, establecerá fechas para el cierre parcial y definitivo de las actividades de sus distintas salas.

Entre las prioridades mencionó a la Sala de Amnistía o Indulto, que tiene cerca de 2.000 solicitudes pendientes por resolver, y a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, que deberá avanzar en el cierre de la fase dialógica de los 11 macrocasos y en la expedición de las resoluciones de conclusiones que aún están pendientes.

El cronograma también incluirá a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que deberá resolver las solicitudes pendientes de beneficios no sancionatorios. Por su parte, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) tendrá hasta mediados de marzo de 2028 para presentar ante el Tribunal para la Paz las últimas acusaciones que considere viables, con el fin de dar paso a los respectivos juicios adversariales o solicitar las medidas que correspondan.

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“El país puede tener la certeza de que, a pesar del entorno social y político adverso e incluso hostil en el que nos encontramos, tendencia que esperamos revertir a partir de resultados, transparencia y confianza, la JEP cumplirá con sus responsabilidades. Mientras quede en pie al menos un juez o una jueza en la JEP, hará cumplir con independencia, imparcialidad, prudencia y templanza el Acuerdo Final de Paz y las normas constitucionales y legales que lo desarrollan”.

Por su parte, la nueva vicepresidenta de la Jurisdicción, Diana María Vega, se refirió a la necesidad de mejorar la relación del alto tribunal con las demás instituciones del Estado, principalmente con el presidente Abelardo de la Espriella, en medio de la coyuntura política que enfrenta el tribunal.

Vega afirmó que su labor junto a Rojas estará orientada a “tender puentes de relacionamiento y colaboración armónica con las entidades del Estado en favor de los procesos de justicia que adelanta la JEP”.

La magistrada reconoció que la JEP “atraviesa momentos difíciles”, pero sostuvo que también está entrando en una etapa en la que debe mostrar resultados de los procesos adelantados durante sus primeros años. “El país demanda mayores resultados de la JEP y debemos atender a esa expectativa”, señaló.

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