A esta hora en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia continúa la diligencia de indagatoria en contra de la congresista Martha Peralta por el escándalo de corrupción desatado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La senadora llegó a las instalaciones del alto tribunal acompañada por la Policía, que la tiene bajo custodia en las instalaciones de la DIJIN luego de que la magistrada Cristina Lombana ordenara su detención al advertir del posible riesgo de fuga.
En las últimas horas, una juez negó la acción de hábeas corpus con la que buscaba recuperar su libertad. La congresista del Pacto Histórico pedía que se le otorgara la libertad inmediata, al advertir que compareció de manera voluntaria ante el llamado de la Corte y al sostener que no existe "evidencia objetiva de riesgo de fuga o de incumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad judicial".
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La investigación la vincula con presuntamente direccionar contratos" de la Ungrd. El expediente se concentra en un contrato firmado el 25 de octubre de 2023 por $2.170 millones, destinado a la contratación de 7.500 horas de maquinaria amarilla y volquetas para labores en Riohacha (La Guajira), con la empresa Inversiones IRL SAS, representada por Isaac Francisco Riscala Lozano y Jorge Riscala Muvdi.
Según el testimonio del exdirector de la Ungrd, Olmedo López, el 19 de septiembre de 2023 se realizó una reunión en la sede de la entidad con Peralta, los contratistas y el entonces subdirector Sneyder Pinilla.
"La senadora pide una cita para que la atienda en la Ungrd y llega con unos amigos de la senadora Martha Peralta. Me dice que ellos son propietarios de maquinaria amarilla y que los contrate para La Guajira", declaró López ante la justicia.
El exfuncionario añadió que, tras la reunión grupal, sostuvo un diálogo privado con la congresista en el que ella le habría dicho que la contratación "iba a ayudar mucho en su campaña en el proceso en el territorio".
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