Con cuatro documentos, la iniciativa Alianza 5 Claves espera adicionar nuevos argumentos para que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dé apertura a un macrocaso que aborde las agresiones sexuales y reproductivas en el conflicto armado interno. Entretanto, la Jurisdicción estudia el tema.

La Alianza le entregó a la JEP cuatro documentos técnicos que conforman lineamientos que, esperan, sean tenidos en cuenta no solo en la investigación actual de violencias sexuales en los diez macrocasos abiertos, sino en el Caso 11, que esta semana arrancó formalmente su estudio en la Sala de Revisión.

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La semana pasada, la magistrada Julieta Lemaitre, relatora de los macrocasos 01 (secuestros), 10 (crímenes no amnistiables que no encajen en los otros nueve Casos) y eventualmente del 11, le explicó a Colprensa que el estudio de la Sala de Reconocimiento se atrasó un poco porque ella tuvo neumonía.

Sin embargo, la magistrada esperaba poner el tema a disposición de la Sala esta semana, con el fin de que en aproximadamente un mes se tenga una decisión definitiva. Colprensa pudo confirmar que ese proyecto de apertura del macrocaso 11 ya se presentó a la Sala de Reconocimiento. Su debate quedó programado para la primera semana de septiembre.

La JEP estudia la apertura del Caso 11 a paso acelerado desde el 16 de junio, tras una tutela interpuesta por la Procuraduría y la líder social Yolanda Perea Mosquera que le daba 30 días hábiles para respetar los derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia en tiempo razonable.

En ese sentido, participaron las magistradas Julieta Lemaitre y Lily Rueda. Ellas abordaron la violencia de género cometida por las Farc contra civiles y contra sus propias filas, y el magistrado Óscar Parra se enfocó en la ejercida por la Fuerza Pública contra civiles.

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Cinco Claves, por su parte, le ha hecho seguimiento al tema, por lo que espera que sus lineamientos puedan ser relevantes para la construcción de ese macrocaso.

“La Jurisdicción Especial para la Paz tiene la oportunidad histórica de aportar a una adecuada investigación, sanción y reparación de los hechos de violencia que han sido obligadas a soportar las mujeres y las personas LGBTIQ+”, señaló María de los Ángeles Ríos, vocera de la Alianza.

Ríos explicó que para eso son necesarias medidas específicas. En los documentos entregados se contemplan, por ejemplo, bases para comprender la violencia reproductiva de manera autónoma dentro de la justicia transicional. Ese aspecto fue desarrollado por Women’s Link Worlwide, una organización internacional dedicada a la aplicación del derecho para mejorar la vida de las mujeres.
 

En ese sentido, se rescata que la Comisión de la Verdad en su Informe Final, en el capítulo ‘Mi cuerpo es la verdad’, determinó que existieron varias formas de violencia reproductiva en el conflicto. Por eso, una de sus recomendaciones fue entender la violencia reproductiva como hecho victimizante autónomo, con el fin de lograr una ruta particular de atención para las víctimas que restablezca sus proyectos de vida.

Cinco Claves establece que es necesario comprender las distintas formas de violencia reproductiva fuera del concepto de violencia sexual. Según su caracterización, la violencia sexual internacionalmente se ha definido por actos concretos como violación o tocamientos sin el consentimiento de las víctimas, mientras que la violencia reproductiva busca “impedir a las personas tomar decisiones libres sobre sus planes de vida, su cuerpo y su salud”.

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Algunos hechos de violencia reproductiva que la JEP podría considerar se relacionan con “coaccionar a una mujer a terminar un embarazo, ligar las trompas de Falopio cuando la mujer está inconsciente, forzar a una mujer a utilizar un método anticonceptivo diferente al que ella prefiere o negarle el acceso a la interrupción del embarazo”, entre otros.

Para Women’s Link Worlwide y la Alianza, históricamente ha existido "invisibilización" de la violencia reproductiva, por lo que el papel que la JEP es fundamental. Es relevante que “cada vez se visibilicen más los actos que ocurrieron en los conflictos armados y que configuran formas de violencia reproductiva”, resaltó un aparte del texto entregado a la Jurisdicción.

Desde Colombia Diversa, otra de las organizaciones que conforman la Alianza, se le envió a la JEP un conjunto de reflexiones para considerar como crimen la persecución por motivos de género. Liliana Chaparro, consultora de la organización encargada de elaborar ese punto, planteó algunos interrogantes que la JEP podría responder.

Por ejemplo, “si eventualmente se avanzara en una estrategia en torno al crimen de persecución, ¿se defendería que el crimen de persecución es un patrón de macrocriminalidad? ¿El crimen de persecución estaría inmerso en otros patrones de macrocriminalidad y, en ese caso, se traduciría en un mero concurso de delitos?”

Chaparro mencionó que la propuesta de investigar la persecución "implica un cambio en la forma de argumentar y ver el fenómeno de la violencia de género, que puede resultar útil y más ambicioso”, pues se trata de una manera de comprender distintas maneras en las que se discriminó a personas por su género. Además, se podría agrupar “diversos crímenes bajo una sombrilla común”, lo que resultaría estratégicamente ventajoso en el trabajo de la JEP.

La Red Nacional de Mujeres identificó algunas formas de reparación integral teniendo en cuenta el enfoque de género. En su aparte recalcaron que en los distintos macrocasos que lleva la JEP se ha intentado mantener ese enfoque diferencial dentro de las investigaciones, sin embargo, plantearon algunas recomendaciones para fortalecerlo.

En esa línea, pidieron impulsar la alfabetización, habilidades de liderazgo y la independencia económica, entre otras formas de favorecer un cambio en el contexto que generó la victimización. La Red añadió que “es fundamental brindar acompañamiento psicosocial constante y suficiente, sobre todo a las víctimas de violencia sexual”, debido a la común “impunidad, el silenciamiento histórico y los efectos particulares que esta genera en la vida e las personas”.

Señaló que la reparación para las víctimas no solo puede llegar al final de los procesos, sino en todos los momentos procesales posibles, como la apertura de casos, la acreditación de las víctimas o en las audiencias de reconocimiento de responsabilidad.

Cinco Claves es una alianza desarrollada entre cinco organizaciones dedicadas a las mujeres y a la población LGBTIQ+. Desde 2014, esa red trabaja por el tratamiento diferencial que esos grupos sufrieron durante el conflicto armado.

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