Tres horas duró el sexto cónclave entre el presidente, Gustavo Petro, y el fiscal, Francisco Barbosa, en el que el mandatario terminó cediendo terreno del contenido de su polémica ley de sometimiento a la justicia de los narcotraficantes y justo después de que los constantes reparos que salieron del ente acusador llegaran, incluso, a un foro internacional de justicia.

Ese articulado, que la Casa de Nariño vende como el de “sujeción”, fue el punto central de una cita a puerta cerrada en la que solo participaron Petro y Barbosa. A ellos los acompañaron la jefe de gabinete, Laura Sarabia, y el ministro de Justicia, Néstor Osuna, además de la vicefiscal Martha Mancera, quienes intentaron acortar distancia –otra vez– entre el Ejecutivo y el ente acusador sobre los proyectos de la paz total.

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La cita comenzó a las 10 de la mañana y fue tan hermética que no quedó registro fotográfico, ni siquiera de las cámaras de prensa de Palacio, y al final la Casa de Nariño remitió solo un comunicado de apenas una página en el que calificó la reunión como “provechosa y cordial”.

El encuentro tuvo dos partes. Primero hubo una conversación del ministro Osuna y la vicefiscal Mancera, para luego dar paso a esa convocatoria que se había confirmado desde la Semana Santa: el cara a cara entre Petro y Barbosa en el despacho presidencial.

El fiscal tituló esa asamblea como una “estrategia de reencuentro” en la que quiso dejar claro que “lo que estamos haciendo es ser propositivos con el país. Aquellos que han venido planteando ideas de que el fiscal se convirtió en una persona de oposición pues se equivocan, cumplir las funciones constitucionales no es participación política”.

Ese punto de contacto llevó a lo que podría ser un cambio en el contenido del proyecto de ley de sujeción a la justicia. Si bien en el borrador del articulado se había hablado de beneficios para los jefes de ese negocio ilícito, ya se acordó que la ponencia que será presentada en el Congreso solo dará beneficios a pequeños cultivadores y no a importadores de químicos para hacer drogas como la cocaína, tampoco a productores o traficantes.

El pacto de Petro y Barbosa

La promesa del presidente con el fiscal ya está, pero falta que se materialice en la ponencia. Del dicho al hecho hay mucho trecho y así quedó demostrado con las negociaciones del Gobierno con los partidos tradiconales para la reforma a la salud, en las que después de seis semanas de estar sentados en una mesa de trabajo los tres –Conservador, La U y Liberal– se pararon de la mesa porque el Ejecutivo incumplió su compromiso.

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Otro acuerdo que quedó en la mesa es que la Fiscalía hará el sometimiento colectivo y en la discusión del articulado se trazarán procedimientos restrictivos para que haya un marco general que le ponga límites a ese proceso.

La tarea ahí no solo está en Presidencia, sino en el Legislativo, y por eso Barbosa aseveró que estarán en las discusiones del Capitolio “verificando que estas líneas rojas que puso la Fiscalía y que el Gobierno comparte tengan un asidero en el Congreso”. Hace apenas tres semanas, durante las conversaciones para la reforma a la salud, las contrapartes también dejaron líneas rojas que al final el Ejecutivo sí cruzó.

La cita Petro - Barbosa fue la tercera de este año y la sexta desde que el mandatario llegó a la Casa de Nariño. Los duros reparos sobre la libertad para los de la primera línea, la paz total con las bandas delincuenciales y el manejo del narcotráfico han obligado a que se sienten en la misma mesa después de lanzarse pullas en sus declaraciones en medios y en redes.

Pero el encuentro de Pascua tuvo una coyuntura particular. La oficina de Barbosa está investigando al hijo del presidente, Nicolás Petro, por los dineros irregulares de exnarcotraficantes que habría recibido durante la campaña para las elecciones de 2022. Al menos en micrófonos, Barbosa aseguró que ese tema no estuvo en la conversación, pero la cuestión del primogénito investigado por la justicia no deja de ser un punto convulso en la agenda de ambos.

La reunión terminó al medio día con una conclusión semejante a la que lanzaron desde Presidencia y la Fiscalía el 20 de febrero y el 30 de enero, en las dos citas recientes: que se trató de un encuentro amigable y cordial. En palabras de Barbosa, “fue una reunión de Estado muy importante que abre un nuevo capítulo que esperamos lleve a tener una mejor relación con el Ejecutivo en donde, por supuesto, eso no impide que el fiscal general cuando tenga que decir las cosas las diga en el beneficio de los colombianos”. Los hechos mostrarán hasta qué día del calendario se mantiene esa cordialidad .

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