No con dinero o bienes, sino con su labor de gestor de paz, el presidente de la República, Gustavo Petro, le pidió al recién liberado exjefe del paramilitarismo Salvatore Mancuso, que indemnice a los miles de víctimas que dejó en el país.

El planteamiento lo hizo el mandatario nacional en Turbo, Urabá antioqueño, en donde se reunió con miles de campesinos de escasos recursos, quienes además han sido blanco de las acciones violentas de grupos ilegales, entre ellas en su momento los paramilitares que a la cabeza de Mancuso llevaron dolor y muerte por muchas regiones.

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“Salvatore Mancuso acaba de regresar a Colombia; está en libertad, o a punto de estar en libertad. Le he pedido que sea gestor de paz y que actúe en función de la paz; que ayude a construir ahora, ya no las trincheras, ya no los fusiles que van a disparar sobre la gente, sino la paz”, declaró el mandatario nacional.

Insistió Petro que de esa forma el nuevo papel que hará Mancuso ahora en el país, servirá de indemnización a las víctimas de la violencia y al país mismo.

Justamente, este sábado, la Procuraduría expresó su oposición a que salga en libertad provisional el exjefe paramilitar. Ante el magistrado del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla, la procuradora delegada Diana Yolima Niño, expresó que no hay claridad respecto a cuál es la estructura armada organizada que Mancuso Gómez representa, y cuál es el acto que lo designó como representante de esta.

Para la Procuraduría, la solicitud para que sean suspendidas las más de 30 medidas de aseguramiento que pesan en su contra no se ha especificado el proyecto que desarrollará como gestor de paz ni cuáles serán los espacios temporales y territoriales de su actividad y mucho menos se ha indicado por qué es necesaria su movilización por diferentes puntos del territorio nacional, más cuando en años anteriores otras personas han cumplido funciones similares desde la cárcel.

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Consideró además la Procuraduría que Mancuso Gómez no funge como representante de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-, pues el Acuerdo de Ralito culminó hace más de diez años. Por lo tanto, no resulta admisible como justificación que el papel de gestor de paz permitirá que ahora sí tenga lugar el cierre definitivo de las estructuras criminales que surgieron tras la desmovilización del paramilitarismo en Colombia.

“Admitir ese tipo de fundamentos es llevar el nefasto mensaje a la delincuencia de que no importa el momento en el que decidan voluntariamente cesar su actividad delictiva, aún a pesar de sus desmanes, pues las puertas siempre estarán abiertas”, precisó la delegada del Ministerio Público.

Por esas razones, la procuradora judicial solicitó al magistrado un análisis minucioso de la solicitud hecha por la defensa de Mancuso Gómez antes de adoptar su decisión, pues “no proceder a ese examen sería como asimilar la figura de gestor de paz al desconocimiento de la solidez y seriedad de la justicia transicional, de las víctimas del conflicto armado y del arduo trabajo dispuesto por los tribunales de Justicia y Paz del país”, puntualizó.

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