El presidente Gustavo Petro volvió a opinar en medio de la polémica por la actuación de sus ministros y de la Fuerza Pública en las protestas de San Vicente del Caguán que terminaron con un policía y un campesino muerto y el secuestro de 78 policías durante más de 30 horas.
Tras múltiples señalamientos de “inacción” de las autoridades ante algunas actuaciones violentas, el jefe de Estado salió a decir que la orden a los militares de no intervenir salió directamente desde la Casa de Nariño.
“La orden dada al Ejército de no intervenir en los hechos de San Vicente la di yo (...) Una intervención militar ante una manifestación de 7.000 campesinos solo puede generar una masacre. Que hagan eso las dictaduras, pero una democracia jamás”, trinó el mandatario.
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La decisión, según dijo, la tomó como máximo comandante de las Fuerzas Militares, un estatus que tienen los presidentes y que les da la potestad de ordenarle directamente a los militares qué hacer.
El tema ha sido tan polémico, que la Procuraduría General
de la Nación ordenó inspecciones contra los ministros del Interior, Alfonso Prada, y de Defensa, Iván Velásquez y contra la Dirección de Policía y el Ejército Nacional para recopilar pruebas de cómo se actuó en el caso del secuestro de más de 70 uniformados.
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Según explicó la procuradora Margarita Cabello, la decisión es “practicar inspección disciplinaria al Ministerio de Defensa Nacional, con el fin de obtener copia de todos los documentos, correos electrónicos y órdenes impartidas con relación a la situación de orden público que se presentó en el municipio de San Vicente del Caguán. De igual forma se verificará si el Ministerio tenía información previa relacionada con estos hechos, tales como informes de inteligencia de alguna de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional”.
Sobre todo esto, el ministro Prada se retractó de las declaraciones en las que dijo que la comunidad estaba haciendo un cerco humanitario alrededor de los uniformados, unas declaraciones que se habían entendido como cierto desdén del Gobierno para llamar al delito como un secuestro ilegal de la Fuerza Pública.
Tras el escándalo, Prada dijo que uso ese calificativo porque así se lo reportaron las comunidades, pero insistió –apoyando la versión de la procuradora– en que él no es el indicado para calificar los posibles delitos que se cometieron allí.
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