La Procuraduría le ordenó a los mandatarios regionales ejercer una labor de "inspección y vigilancia" que garantice "la prevención, atención y sanción" de todas las formas de violencia contra los niños, niñas y adolescentes.

La determinación del Ministerio Público también abarcó "directrices" a las secretarías de educación y jefaturas de control interno disciplinario regionales para que también se apropien y ejerzan labores de control frente a este tipo de violencias que van desde lo físico, pasando por lo mental y psicológico hasta lo sexual.

En el caso puntual de los jefes de control interno disciplinario les ordenó a "adelantar con diligencia los procesos por presuntos casos de violencia sexual en colegios y a remitirlos de inmediato a las autoridades competentes".

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También impartió la orden para que las entidades territoriales certificadas en educación reporten todas las quejas y denuncias de ese tipo de violencias registradas desde enero del año pasado hasta junio de 2026 en sus regiones, para lo cual les dio un plazo de ocho días hábiles.

Estos requerimientos quedaron consignados en un memorando suscrito por la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, la Delegada Disciplinaria de Instrucción Cuarta para la Vigilancia Administrativa y la Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, detalló en ente disciplinario.

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