La Procuraduría General le notificó en las últimas horas a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP, que informe las condiciones con las cuales retomó la operación de los cementerios distritales que estaban siendo administrados por el concesionario Jardines Luz y Paz en la capital del país.

La Procuraduría requirió en particular lo referente a las medidas adoptadas para evitar traumatismos en la prestación de los servicios, el avance del plan de contingencia acogido y la capacidad de la UAESP para asumir esta operación.

De la misma forma la UAESP deberá entregar un detallado informe sobre la posible existencia de represamientos de los servicios de inhumación, exhumación o cremación de cadáveres, así como la disponibilidad de osarios, bóvedas y cenizarios en los cementerios Norte, Central, Sur y Serafín de Bogotá.

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El Ministerio Público pidió explicaciones a las directivas de la UAESP, sobre los avances en la planeación y estructuración del proceso de selección y contratación del nuevo operador.

Las procuradurías delegadas Segunda para la Vigilancia de la Función Pública y Para la Gestión y Gobernanza Territorial, mantendrán especial vigilancia sobre esta situación y el cumplimiento de los compromisos asumidos por la UAESP.

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