La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el exministro del Interior, Armando Benedetti y la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, para establecer si participaron en un supuesto plan para que antiguos jefes paramilitares relacionaran a varios dirigentes políticos, incluido el presidente, Abelardo de la Espriella, con sus estructuras, durante la campaña presidencial de 2026.

La decisión, fechada el 20 de octubre de 2026 y con ponencia de la procuradora Patricia Carrillo Blanco, se deriva de las denuncias sobre una reunión realizada en Valledupar en octubre de 2025, que habría sido presentada como parte de los diálogos sociales del Gobierno Petro con exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

En el auto, el Ministerio Público señaló que los entonces funcionarios “habrían conocido y participado de un presunto plan para que, en medio de la campaña presidencial, exjefes paramilitares acusaran a Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras, de tener relación con grupos paramilitares”.

De acuerdo con la queja presentada por Pablo Bustos Sánchez, presidente y representante legal de la Red de Veedurías de Colombia, Angie Rodríguez se refirió a un supuesto plan que habría surgido desde la Presidencia de la República para relacionar a los tres dirigentes políticos con grupos paramilitares, durante la denominada “Mesa de Diálogo Social Paz Total”, realizada en Valledupar en octubre de 2025.

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“Gustavo Petro me dio la orden y era que teníamos que hacer el cierre de la negociación de Ralito con el pretexto de su política de paz total. Obviamente creí, en su momento, de manera ingenua que ese era el propósito. Después me enteré de que el enfoque era otro”, declaró en su momento para Revista Semana.

Según su relato, días antes de la reunión, Petro le habría dicho: “Bueno, lo que necesito es que ellos hablen de la participación que tuvo Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras”.

Asimismo, fueron tenidas en cuenta las declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien confirmó los señalamientos sobre una presunta solicitud de delegados del Gobierno de Gustavo Petro para que antiguos comandantes de las autodefensas se pronunciaran contra tres dirigentes políticos en medio de la campaña presidencial.

Según Mancuso, la petición se habría hecho durante el encuentro de Valledupar, en el que “los delegados del presidente, señora Angie Rodríguez y el asesor Víctor de Currea Lugo nos pidieron otra cosa, hablar públicamente contra esas tres personas”, afirmó.

Mancuso aseguró que los exjefes paramilitares rechazaron la solicitud y que esto provocó tensiones durante la reunión. “La respuesta fue una sola. Nadie aceptó. Hubo molestia de parte nuestra y ahí se dañó el encuentro. No me crean a mí, miren los hechos. No hubo entrevista, no hubo declaración (…) Que si fue orden del presidente, a mí nunca me lo pidió”, sostuvo.

Además de solicitar a la Fiscalía la custodia de las declaraciones y un informe detallado de la denuncia, la Procuraduría ordenó una inspección al Dapre para reconstruir cómo se organizó el encuentro con antiguos integrantes de las autodenominadas AUC, y qué asuntos se abordaron, incluyendo “registro de asistentes, grabaciones, informes y demás información sobre su ocurrencia”.

Además, dispuso recibir los testimonios de Jorge Arturo Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI); Hollman Morris, director de RTVC, y Otty Patiño, exalto comisionado para la Paz.

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