A raíz de que el ELN decretó un paro armado indefinido en el departamento del Chocó, la Procuraduría General de la Nación se pronunció y pidió proteger “con urgencia” a más de 27.000 personas que se están viendo afectadas.

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Este llamado de atención fue dirigido al Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) del cese del fuego bilateral con el ELN y lo que busca es que se emitan las alertas pertinentes para proteger a los chocoanos que están en riesgo de confinamiento.

“Bajo ninguna perspectiva es compatible con la reciente prórroga del cese al fuego bilateral, nacional y temporal suscrito por las delegaciones del Gobierno Nacional y ese grupo armado ilegal”, indicó el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, en un video difundido por el Ministerio Público.

A su vez, instó al alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, y a la jefa de la Mesa de Negociación con el ELN, Vera Grabe, “para que actúen de manera inmediata y protejan los derechos humanos de la población en riesgo”.

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En días pasados, luego de que el grupo insurgente comunicara sus planes, en la Gobernación del Chocó se sostuvo un consejo extraordinario en el que se tomaron varias medidas para proteger a las comunidades del río San Juan.

En primer lugar, se anunció el incremento de la Fuerza Pública en la zona de influencia del paro armado. Esto incluyó la llegada de más de 200 hombres del Ejército.

Asimismo, se informó de sobrevuelos para monitorear la situación y la llegada de un buque de la Fuerza Armada, para garantizar la seguridad fluvial en el río San Juan.

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