En mayo de 2024, el Gobierno del entonces presidente, Gustavo Petro, le dio un giro radical al sistema de salud del Magisterio, es decir, a los profesores del sector público del país. Ese sector tiene un régimen especial de atención médica, distinto y aparte del régimen subsidiado y contributivo. Ese cambio implicó retos para varias instituciones, pero, casi dos años y medio después, los hechos y resultados muestran que salió mal y hoy acumula deudas y quejas por mala atención
Sobre esos problemas hablaron esta semana la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, y la superintendente de Salud, María Andrea Godoy. La conclusión de ambas funcionarias ante la Comisión Séptima del Senado —adonde fueron citadas a un debate de control político— es una sola: el modelo es inviable.
En esa instancia, Godoy presentó un informe sobre las medidas adoptadas por la superintendencia ante la crisis del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag, entidad que recauda sus aportes a pensión, cesantías y salud). Allí, evidenció cuentas por pagar que superan los $2,4 billones por concepto de prestación de servicios de salud, insumos y medicamentos. Lo preocupante de esto es que, con corte al 30 de junio de este año, el 51 % de ese pasivo ($1,24 billones) se encuentra en mora crítica superior a los 180 días (seis meses).
Por otro lado, la superintendente mencionó que el modelo de salud actual presenta falencias en el proceso de formalización contractual con la red prestadora (hospitales y clínicas que atienden a los maestros y sus beneficiarios), que giran en torno a que, de 3.934 prestadores de servicios de salud en el país, el Fomag solo registra a la fecha un contrato legalizado.
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La funcionaria también advirtió que entre 2024 y 2026 la entidad realizó nueve auditorías, de la cual la auditoría nacional de mayo pasado identificó 38 hallazgos relacionados con obligaciones contractuales, gestión financiera, prestación de servicios, gestión del riesgo en salud y sistemas de información. Por esto, la Supersalud impuso al Fondo una medida cautelar para que cesen las actuaciones que ponen en riesgo la vida y la integridad de los pacientes, así como los recursos destinados a su atención.
María Andrea Godoy expresó que esa entidad dio traslado de los hallazgos a la Contraloría General de la República, a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación. Así mismo, recordó que las dificultades en la atención se reflejan en las peticiones, quejas y reclamos de los usuarios: en agosto de 2026 se registraron 4.053 PQRD y tienen un promedio de 4.000 al mes.
“No podemos continuar con este modelo de salud”: minEducación
A su vez, la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, dijo que el desastre en que terminó un régimen de salud —que presentaba una tasa de quejas superior al de los regímenes contributivo y subsidiado— no tiene chance de continuar y que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella está preparando un informe para corregir estos problemas. En su intervención presentó 59 hallazgos sobre el Fomag y la forma como han vulnerado los derechos de los maestros.
Hoyos aseguró que el cambio que realizó el Gobierno Petro en el Fomag causó un efecto contrario y empeoró la prestación de los servicios. Por ello indicó que, aunque el anterior modelo del Fomag tenía problemas que debían ser examinados, el actual régimen deterioró gran parte de sus capacidades.
“Cuál era el régimen que se establece con base en un contrato de fiducia que desnaturalizó la fiducia misma. La fiducia está encargada de gestionar recursos, pero la fiducia no está encargada de prestar ni el servicio de salud ni tampoco hacerse cargo de las prestaciones relativas a pensiones y cesantías”, advirtió la ministra en relación a la Fiduprevisora, entidad que adquirió funciones nuevas e inéditas en el cambio de sistema.
“Tal se ha desnaturalizado que el modelo anterior al adoptado en el 2024, ya tenía sus falencias, pero en alguna forma funcionaba con las limitaciones que se dan en Colombia en relación con el servicio de salud. Pero a más recursos debería haber mayores servicios; aquí esa relación ha sido inversamente proporcional, a más recursos, menos servicios”, añadió la funcionaria.
La ministra Hoyos reiteró que está trabajando con el Ministerio de Hacienda para llegar a una solución que permita garantizar el buen funcionamiento de los servicios del Fomag para el magisterio; de igual manera, solicitó una auditoría forense para establecer las irregularidades que se han cometido y se pidió la intervención de la Fiscalía.
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¿Cómo fue el cambio que hizo Petro?
El 1 de mayo de 2024 el Gobierno Petro cambió el modelo de salud de los docentes, quienes hacen sus aportes de seguridad social al Fomag. Esa entidad es la que funciona como bolsa de recursos que recolecta los aportes a pensión, cesantías y salud.
Lo que se hizo en ese entonces fue eliminar la intermediación de los operadores regionales (entidades que hacían la labor de afiliación de las personas y sus beneficiarios, así como de contratar con hospitales y clínicas para que los atendieran) y le delegaron sus funciones a la Fiduprevisora (institución encargada de administrar y manejar los recursos del Fomag).
Con el cambio, los operadores salieron de la ecuación y la Fiduprevisora sería la encargada de celebrar contratos con las IPS (instituciones prestadoras de servicios de salud) y de hacerles auditoría, que es revisar que lo que le cobren clínicas y hospitales por la atención a los usuarios corresponda con lo que realmente hicieron.
Esto implicó que esa fiduciaria —una entidad sin experiencia en crear redes de servicios de salud— “aprendiera” funciones nuevas, entre las que se encuentran la celebración de contratos y hacer gestión del riesgo financiero (hacer que la palta alcance). Tareas para las que, además de experiencia, se necesita personal calificado que lo hiciera con eficiencia.
La idea de ese Gobierno era que, sin el intermediario a nivel regional, los miembros del magisterio y sus beneficiarios pudieran tener libertad de elección de su IPS. No obstante, las quejas en las primeras dos semanas de implementado denunciaron barreras de acceso a servicios, largas filas y demoras en la atención. Hechos que se confirman con la cantidad de quejas que mencionó la superintendente Godoy.
