El expresidente Álvaro Uribe reveló la fecha en la que deberá rendir indagatoria dentro de la investigación por las masacres de El Aro y La Granja, así como por otros hechos relacionados. Según informó, la diligencia fue programada para el próximo 24 de julio.
El llamado a indagatoria se conoció la semana pasada, dos días antes de las elecciones presidenciales, aunque en ese momento no se informó la fecha en que se llevaría a cabo.
Uribe aseguró que la decisión de la Fiscalía busca complacer al Gobierno nacional.
"La Fiscalía me cita a indagatoria el 24 de julio, sin practicar las pruebas que ella misma decretó. Es el mismo camino del magistrado César Reyes, que me indagó y me llevó a la cárcel sin practicar las pruebas. Esto es un atropello", escribió el exmandatario en sus redes sociales.
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Además, agregó: "Esta Fiscalía ha complacido al Gobierno dándole impunidad a cuanto bandido hay y entonces toma revancha política conmigo, llevándome a una indagatoria sin pruebas, sin méritos, todo para buscar ponerme preso antes de que Petro termine".
Uribe fue denunciado hace más de dos décadas por su presunta participación en las masacres de El Aro y La Granja, principalmente a partir del testimonio del exparamilitar Francisco Villalba, quien posteriormente fue asesinado.
En su momento, antes de ser extraditado a Estados Unidos, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso negó cualquier participación de Uribe en estos hechos. Sin embargo, tras regresar al país, aseguró en declaraciones ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que el entonces gobernador de Antioquia sí tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo.
La masacre de La Granja, corregimiento de Ituango, fue perpetrada por integrantes de las entonces Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) el 11 de junio de 1996. Por su parte, la masacre de El Aro, también en zona rural de Ituango, ocurrió entre el 22 y el 31 de octubre de 1997. Ambos hechos sucedieron mientras Uribe se desempeñaba como gobernador de Antioquia.
El expresidente también es investigado por su presunta participación en el homicidio de Jesús María Valle, defensor de derechos humanos que denunció ante la Gobernación de Antioquia la supuesta participación de miembros del Ejército en las masacres ocurridas en Ituango.
