Consideremos un país donde, en promedio, nueve de cada diez habitantes urbanos y ocho de cada diez rurales dicen no pertenecer a ningún grupo étnico en especial. Podría decirse que es una nación donde la inclusión racial ha avanzado. El triunfo del mestizaje crece. El sentimiento de ser una sola nación cubre al 85% de la población. Buen comienzo para prosperar.
Las cifras son colombianas: tenemos una nación que se siente bastante más consolidada que lo descrito por los extremistas. En Boyacá por ejemplo, casi nadie se siente parte de alguna etnia en especial. Lo mismo en los Santanderes, Bogotá, Huila y Quindío.
Miremos las minorías: en el 15% restante de colombianos, hay fuertes sentimientos de pertenecer a un grupo étnico, especialmente indígena, negro o raizal. Los colombianos de Vaupés, Guainía, Vichada, Amazonas y La Guajira se consideran mayoritariamente indígenas. Los del Chocó, Nariño y Bolívar, negros. Los de San Andrés, raizales.
Así se podrían analizar los capítulos de la reciente Encuesta de Calidad de Vida del DANE, ECV, versión 2023. Los hogares con mayor déficit habitacional, en calidad o número de viviendas, están otra vez en Vichada, Vaupés, Guajira, Amazonas, San Andrés, Putumayo y Guaviare. Los que tienen menor déficit están en Bogotá, Eje Cafetero, Valle y Cundinamarca. El acceso a internet es de ocho por cada diez vallecaucanos y de menos de uno por cada diez en Vichada. Derivado de la calidad del empleo, el régimen contributivo en salud cubre al 80% de los bogotanos y solo al 5% de los chocoanos; la cobertura nacional por este régimen, sumada a la del subsidiado, es cercana al ciento por ciento y por eso puede afirmarse que, independientemente de si los colombianos son formales o informales, están cubiertos por el sistema de salud, ese que quieren acabar por decreto aunque funcione bien.
Los años de educación promedio de los bogotanos jóvenes son once; los de los guaviareños, ocho. En Bogotá dos jefes de hogar de cada diez se consideran pobres; en La Guajira, ocho.
También persisten en la ECV las diferencias entre el campo y la ciudad, aún en medio de los avances: por ejemplo el acceso urbano a internet está en el 70%; en el campo cae casi a la mitad.
La radiografía es desoladora para ese 15% de colombianos. Tienen razón los que quisieran enfatizar la acción del estado y de las empresas en esos territorios coincidentes con zonas ambientalmente claves y abundantes en recursos naturales renovables y no renovables.
Lograr la convergencia de las minorías periféricas con el resto de la nación y del campo con la ciudad, es imperativo. Así lo mandan, entre otras cosas, los Acuerdos de Paz de 2016. La manera como se logra converger es creciendo mucho, no destruyendo la prosperidad urbana, o excluyendo del presupuesto nacional a los departamentos más ricos, sino apoyándolos para que mantengan su prosperidad gestionando más de los propios recursos que generan, con mayor descentralización de ingresos y gastos fiscales. Y promoviendo la inversión privada en las vastas zonas donde hay recursos naturales: energía solar y eólica; agua para hidrógeno verde; minerales para la transición energética y para las nuevas tecnologías, como el coltán, el hierro o el cobre; turismo para los amantes globales de la naturaleza pura; infraestructura limpia.
Lo que hace este gobierno elegido con la bandera de lograr la convergencia nacional no es coherente, ni se hace con las herramientas adecuadas, porque excluye al sector privado. Tampoco mantiene la prosperidad de las otras zonas del país, porque genera miedo e incertidumbre en consumidores e inversionistas.
En la ECV debe indagarse más sobre seguridad, no solo como percepción sino con cifras: más de mil homicidios y más de quince víctimas de masacres por mes, hacen imposible consolidar ese país que nos sugieren los datos étnicos.
La actual Paz Total camina hacia más consolidación, pero del crimen organizado y de la violencia.
