A pesar de su origen democrático, dado que sus miembros son de elección popular, el Congreso de Colombia legisla a contravía del interés público. Las leyes que aprueba generalmente no consultan las prioridades de la nación. Aferrados a los patrones de la politiquería y comprometidos con causas retardatarias o en beneficio de su propia utilidad, la mayoría de senadores y representantes amarran su voto al statu quo, o a la mermelada privada u oficial.

El Congreso tiene imagen negativa por la conducta desatinada de sus miembros. Algunos caen en el derroche verbal, o sea, hablan más de la cuenta, creyéndose sabihondos, cuando están poniendo en evidencia su ignorancia y desatino. Y si hacen parte de un clan, de un cartel o de algún carrusel de abolengo o privilegio, la arrogancia se hace extrema hasta el delirio y el sobredimensionamiento.

Entonces el poder se utiliza desmedidamente, con oposición a las iniciativas que buscan fortalecer la democracia y mejorar las precarias condiciones de vida predominantes.

No son pocos los congresistas alejados de los problemas nacionales.  Están conformes con la pobreza, la violencia, la corrupción y muchos otros males que afectan a Colombia. Esa indiferencia los lleva a oponerse a los cambios requeridos. Siempre están en la línea de preservar el atraso en beneficio de lo que Alberto Lleras llamaba “la mezquina nómina”.

La insistencia en el desvío de la responsabilidad que implica ser legislador lleva a tener una recortada visión sobre las regiones, a las cuales se les utiliza como fuente de provisión del poder en las elecciones.

Como si la política estuviera reducida al clientelismo los congresistas no tienen una seria identidad ideológica. Mutan de partido, como quien se cambia de camisa. No hay principios que sustenten una posición estable, pensada, surtida en el conocimiento.

Esa travesura afecta el trabajo legislativo del Congreso como si no importara la vida de 50 millones de colombianos, afectados por la desigualdad y la diversidad de secuelas generadas por ese clasismo desmedido.

Se requiere, claro está, que los ciudadanos colombianos tomen conciencia de esta lamentable realidad, a fin de que no se presten al recurrente engaño de los gamonales que han vuelto tóxicos los procesos electorales, mediante la compra del voto y la aplicación de otras trampas que distorsionan la democracia.

La elección de congresistas debe ser un acto consciente, a fin de llevar al Senado y la Cámara dirigentes con voluntad de aportar soluciones a los problemas de la nación y fortalecer los derechos de todos para hacer posible superar las crónicas estrecheces sociales y económicas. Esto es la construcción de una nación que garantice la satisfacción de las necesidades de sus habitantes. O sea, la consolidación del Estado Social de Derecho, ya consagrado en la Constitución de 1991.

No tiene por qué Colombia cargar con la rémora de un Congreso ajeno al cambio y a los anhelos  colectivos. Como cabeza del poder legislativo debe ser abierto a los a la dinámica de la historia y no hacerles el juego a los predicadores del atraso.

Puntada

Cuando el ELN pone tantos obstáculos a las negociaciones de paz, hace evidente su falta de voluntad para crear condiciones que hagan posible una democracia funcional.