Los informes de las autoridades judiciales nos dan cuenta de la forma preocupante como la delincuencia está creciendo en la comisión de todo tipo de delitos, que hacen que la población en general viva en estado de alarma y zozobra.
Las cifras de la Corporación para la Excelencia de la Justicia nos indican que cada minuto y medio se comete un delito en el país, y el sólo leer eso nos coloca frente a una monstruosidad, pues la cifra da una idea muy aterradora de la terrible realidad que estamos viviendo.
Pero además la Corporación de Jueces y Magistrados dice que, en sólo Barranquilla, nueve de cada diez criminales de alto peligro han quedado en libertad por vencimiento de términos, y esa situación fácilmente se puede repetir en todas las grandes ciudades de Colombia.
Está comprobado hasta la saciedad, que cuando la Justicia no actúa, el criminal sale a continuar delinquiendo, y seguramente con mayor perversidad y con el consiguiente adiestramiento que ha adquirido por tener que convivir con otros delincuentes, lo que significa incrementar el peligro en la sociedad, que se encuentra permanentemente asediada por el crimen.
Muchos años se lleva hablando de la necesidad de contar con mayor personal y con mayores recursos técnicos y logísticos para poder adelantar procesos oportunos que permitan identificar el delito y el delincuente, pues si no es posible aplicar el castigo, no solo la justicia estará burlada, sino también la sociedad entera que resulta ser la víctima.
Siempre que observamos las encuestas de percepción ciudadana sobre los principales problemas del país, vemos que la inseguridad y la falta de Justicia, encabezan dichas mediciones de opinión, y en las elecciones, los candidatos suelen dedicar buenos espacios para comprometerse con sus eventuales electores en acciones que permitan atacar el terrible flagelo, pero la verdad es que las cosas se van quedando en un catálogo de buenas intensiones , mientras el delito avanza y se transforma en nuevas prácticas, en donde el ciudadano resulta tener la mayor afectación.
Por otro lado, vemos una clara rivalidad entre las diferentes instancias gubernamentales, pues alcaldes, gobernadores y autoridades de policía no logran armonizar sus acciones y simplemente se dedican a rivalizar frente a la evidencia de las cifras.
De otro lado, las autoridades judiciales se encuentran un tanto olvidadas, y sus clamores no son atendidos en debida forma lo que hace que, a la hora de la asignación de recursos, no sea posible obtener los instrumentos que se requieren para apoyar todo el proceso de judicialización de las conductas delictivas y sus correspondientes sanciones.
Las cifras no pueden seguir siendo un elemento para aterrarnos, hay que pasar a la acción, y eso es lo que estamos esperando hace rato los colombianos de bien, para que la protección del Estado sea una realidad.
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