Si estamos cerca a firmar la paz, deberíamos estar también cerca de saber con razonable certeza presupuestal cuánto nos van a valer los programas asociados a la implementación de los acuerdos de paz.

Infortunadamente las cosas no parecen ser tan claras.

Muchos estábamos esperando que en el Marco Fiscal de Mediano Plazo que divulgó el Gobierno la semana pasada pudieran encontrarse pistas al respecto.

Nada de eso sucedió. Fuera de un vago párrafo que aparece a página 170 de dicho documento, y que dice textualmente así: “Las inversiones habilitadas por la paz que han sido acordadas en La Habana son fiscalmente viables. Se requiere la coordinación a nivel interinstitucional en la esfera nacional y territorial para lograr la priorización del gasto. Dada la consolidación fiscal prevista para el mediano plazo en este documento, se espera que estas inversiones puedan realizarse de manera paulatina y dentro de los límites establecidos por la regla fiscal”.

Esta vaga redacción del documento fiscal más importante que se produce en Colombia, y en vísperas de firmar la paz, constituye una gran decepción. Nada sería más triste que llegar a la firma de los acuerdos tan penosamente trabajados para encontrarnos con la triste realidad de que no hay cómo financiarlos.

El Marco fiscal de Mediano Plazo recientemente divulgado lo que proyecta es un escenario desalentador (ante la difícil situación por las que atraviesan las finanzas públicas del país) que anticipa la necesidad de una nueva reforma tributaria y de recortes adicionales al presupuesto en curso, cuyo último tijeretazo se anuncia que será de seis billones de pesos.

Por eso debe saludarse con entusiasmo el artículo que se incluyó en el Acto Legislativo por la Paz aprobado por el Congreso la semana pasada. Este artículo dispone que en los próximos planes de desarrollo que se aprueben en el país habrá de aparecer obligatoriamente un presupuesto plurianual de inversiones para financiar lo concerniente al posconflicto. Identificando con claridad las fuentes de recursos disponibles y los gastos que habrán de emprenderse. Y obligatorio. 

La ambigüedad que hasta ahora ha caracterizado al Ministerio de Hacienda en lo que atañe a arbitrar los recursos con que se financiará el posconflicto, tendrá que desaparecer con el mandato de la norma constitucional que incluye el Acto Legislativo mencionado.

Los costos del posconflicto son altos, pero menores que los que acarrea la guerra. Y, como lo dice el párrafo citado del Marco Fiscal de Mediano Plazo son, si hay compromiso político y decidido, claro está, “fiscalmente viables”.

El vago párrafo citado del Marco Fiscal de Mediano Plazo parece sugerir que la idea de las autoridades presupuestales del país, ante la estrechez de recursos que se vive, es que, además de la cooperación internacional, que forzosamente aportará solo una porción limitada de los costos del posconflicto, el resto de los recursos saldrá a base de priorizaciones de los fondos ya disponibles (es decir, reorientando recursos ya apropiados de unos programas hacia los del posconflicto). Pero si tal es la idea, ese difícil compromiso hay que empezar a reflejarlo desde ahora al presentar los presupuestos nacional y de entidades territoriales para la vigencia del 2017.

Está próximo, pues, a terminar el ballet de las negociaciones en La Habana. Ahora empieza el difícil baile de cómo se financiará la paz.