Pensando en los alcaldes que inician su tarea con el nuevo año, recuerdo un análisis que hicimos hace veinte años, cuando en la Alcaldía de Lucho Garzón, discutíamos y analizábamos la realidad de Bogotá, sus perspectivas y problemas. Concretamente, el papel y sentido de las veinte localidades de Bogotá y de sus Alcaldes menores, se les decía entonces, sus relaciones con la Alcaldía Mayor y el papel que estas podrían desempeñar. Habían opiniones encontradas sobre el grado de autonomía en la definición de sus prioridades de acción y en el establecimiento y manejo de presupuestos ¿ Debían limitarse adelantar programas y a disponer de recursos por delegación de la Alcaldía , con miras a agilizar la ejecución de unas políticas y unos dineros centrales, limitadas a ser simples ejecutoras de decisiones centrales; o en el otro extremo, debían ser instancias plenamente autónomas, inscritas en una estructura central formal y poco más, de alguna manera ilimitada está a representar a la ciudad y sus interés ante la nación?
La solución adoptada fue clara; por su naturaleza y en ciertos casos, por su conveniencia se debían distribuir las funciones y los consiguientes recursos de acuerdo con su naturaleza y características es decir lo que fuera específicamente territorial como son las zonas verdes, las vías barriales, el espacio público,... seria de la competencia de la localidad, de su administración con sus prioridades y recursos, respondiendo a las condiciones y necesidades específicas de las distintas localidades. Lo restante, lo que es común al conjunto de ellas, quedaría a cargo de la administración distrital de la Alcaldía, como es la seguridad ciudadana, los servicios públicos de salud y educación, la infraestructura de energía, acueducto y alcantarillado, las relaciones con el gobierno nacional.
El espíritu del reordenamiento de la administración distrital partió de reconocer en que escalas quedaban mejor ejecutadas las acciones, políticas y recursos complementarios, para el servicio de los ciudadanos, sus comunidades y territorios, lográndose con ello un mayor y mejor resultado para atender las necesidades de los ciudadanos y sus comunidades, por una mejor gestión de las políticas y recursos públicos.
Aplicada esta lógica a escala nacional, ello implicaría que las políticas de desarrollo y emprendimiento, igualmente debían definirse a partir de las ventajas competitivas de las ciudades y regiones como espacios económicos integrados óptimos para desarrollar tareas y prestar ciertos servicios, a partir de las ventajas y potencialidades de competitividad sistémica que poseen o pueden desarrollar, teniendo en cuenta que las que compiten finalmente son las regiones y no las ciudades.
Los discursos federalistas y autonómicos que ahora empiezan a escucharse, son simplistas y asumen que somos un país integrado y homogéneo en sus espacios y territorios; donde todos tienen un punto de arranque y un potencial productivo semejante. Olvidan nuestra diversidad fundamental, que es fuente de enormes posibilidades, pero igualmente de desigualdades que amenazan el logro de un desarrollo integral, complementario y de convivencia territorial, posible si se reconoce, valora y dinamiza esa diversidad que hace que Colombia sea Colombia, Un punto fundamental que, en sus recientes planteamientos, desconocen el nuevo gobernador de Antioquia y el actual presidente del Senado.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion
