Que dolor ver noticias como la relacionada con el escándalo suscitado por posibles actos de corrupción de dos expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y otro exmagistrado de la misma corporación.
Para quienes trabajamos y trabajan actualmente en la justicia, es una noticia escandalosa y que nos llena de dolor, vergüenza, tristeza, ira y cuantos calificativos puedan aplicarse, al ser señalados de cometer estos actos, tan altos dignatarios, máxime que la administración de justicia unge a quienes la ejercen, de una especial investidura y dignidad, que ofende a los servidores de la misma, por esta denuncia, máxime, que ella es sinónimo de paz, justicia y equilibrio social.
Ciertamente todo sindicado goza de la presunción de inocencia hasta tanto quede ejecutoriada la sentencia penal que así lo determine y tiene el derecho a defenderse de los cuestionamientos y sindicaciones que se le hacen.
Ojalá el ente investigador, para el caso, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes actúe con la celeridad, eficacia y eficiencia que se requiere, produciendo un fallo imparcial y ajustado a derecho, como lo requiere la ciudadanía y el propio Estado.
Venimos siendo golpeados por una ola de corrupción hace más de 10 años, en el marco político, de los poderes legislativo y ejecutivo, pero, este anuncio sorprende y causa tremendo impacto social por lo que representa.
Y además de ello, otro detonante de grandes kilates es el uso de dinero sucio denunciado por el fiscal General de la Nación en la que se expresaba que habían ingresado dineros de Odebrecht a la campaña presidencial de Zuluaga y Santos, abriéndose investigación al primero y guardándose silencio sobre el segundo.
Se habla de una Constituyente para la reforma de la justicia, pero, me pregunto, en que va la propuesta que hiciera la presidenta de la Corte Suprema el año pasado de presentar un proyecto de reforma la Justicia, emanada de la misma, encabezada por las Altas Cortes.
Es hora de hacer una reingienería no solo a ella, sino establecer mecanismos sólidos de control de todas las instituciones, llámense Procuraduría General de la Nación, ente muy político, Fiscalía General de la Nación, Congreso de la República, Rama Ejecutiva, Institutos descentralizados y en fin, todo el sistema que maneja dineros en el país o tiene que efectuar el control de los mismos.
Ciertamente es preocupante la situación, pues altísimo porcentaje de los dineros de inversión se pierden en manos de unos cuantos y por ello son investigados congresistas, contratistas, léase caso Nule y otros. Se ha logrado conciliar un proceso de paz, que quiérase o no, está andando, aun cuando tiene un costo inmenso para el país.
En el último escándalo se sindica a tres congresistas, Luis Alfredo Ramos, Musa Besayle y Hernán Andrade, todas estas personalidades y los expresidentes de la Corte Suprema con serios vínculos con Luis Gustavo Moreno, pomposo fiscal Anticorrupción, otro bochornoso hecho para el país, que le deja una imagen sumamente negativa ante la opinión internacional.
Esperamos, que estos y demás casos sean resueltos prontamente, en estricto derecho como espera la ciudadanía colombiana, para ver si se cambia el concepto negativo de todos estos entes, sin influencias ni actos contrarios a la ley y no lanzar ideas impulsivas como una constituyente para reformar la justicia, cuando el cáncer de la corrupción está afectando a la gente de bien, al ciudadano común y corriente que paga sus impuestos, que mira con estupor e impotencia esta debacle que está consumiendo a Colombia.
