Entramos en el sexto mes del año y a estas alturas el Estado no ha aumentado el salario a los empleados de la Nación.

Es una petición más que justa, acorde al alza del costo de vida, desconociendo rampantemente  ese derecho a tratar de nivelar el poder adquisitivo frente a las alzas que se generaron al iniciar año.

El sector privado, los jubilados, recibieron desde enero esa alza y a estas alturas sigue dilatando la negociación, chutándole la pelota a los maestros y demás servidores, cuando es su obligación compensar en mínima parte esa pérdida de compra.

Los maestros, de por sí, debían tener mejores sueldos, pues, es la fuente de educación de la juventud, comparten con los hijos más tiempo que los padres entre semana y en ciudades grandes a duras penas se compensa ese tiempo con la salida dominical.

Los países avanzados culturalmente, tienen el mejor de los conceptos del sector educativo, pero acá se les obliga a mendigar, creando en el ambiente esa atmósfera negativa en cuanto a la digna labor que desarrollan, descargando en ellos la supuesta negativa a negociar, cuando, son ellos artífices fundamentales en el desarrollo de un país.

Igual acontece con los demás servidores y es que acaso ellos tienen la culpa del alto grado de corrupción de la élite política, del despilfarro a manos llenas del dinero estatal, de las indebidas contrataciones y en fin, aunado a la mermelada para obtener los votos necesarios para las decisiones que adopta el Estado, como descaradamente lo afirma el presidente en sus alocuciones presidenciales. 

O tienen la culpa los maestros del arreglo de la pomposamente llamada paz, en claro desconocimiento de las decisiones del pueblo colombiano, que generan infinitos gastos, conllevando a la aplicación de una reforma tributaria, en donde se incrementó el IVA, subieron los productos, se produjo un empobrecimiento para la clase media y baja colombiana, que a duras penas subsiste.

Triste es que se niegue un punto de aumento, cuando, ciertamente ello representa un cifra alta, más, no tienen los empleados públicos la culpa de la mala administración estatal, los hurtos continuados, las prebendas, caso Odebrecht, con dineros entregados a los propios candidatos presidenciales, mientras se venden las empresas productivas como Isagén, al tiempo que se roban descaradamente millones de dólares en el caso Reficar. 

Lo que debe hacer el gobierno es acelerar esa negociación, finiquitar esa situación y permitir que el sector oficial de maestros y demás trabajadores puedan retornar a sus labores. 

Es injusto, que mientras a un profesor o servidor público le suben 40, 50 o 60 mil pesos, las alzas salariales para los congresistas sean de dos millones de pesos y se pretenda desviar la atención imputando a los trabajadores estatales esta falla protuberante de la administración pública.