Esta semana se conoció que el Concejo Municipal de Cúcuta recibió una propuesta para crear el Consejo Municipal para la Paz, Reconciliación y Convivencia en la ciudad. Esta iniciativa, sugerida por el Alto Consejero de Paz de la Gobernación de Norte de Santander, busca promover la participación ciudadana para que asesore y recomiende acciones concretas de construcción de paz. Estos espacios de participación son fundamentales para fortalecer liderazgos, construir tejido social y acercar la administración pública a los ciudadanos.
La noción de paz que se maneja en los Consejos de Paz trasciende la ausencia de violencia pues se orienta hacia el desarrollo social y la convivencia en términos democráticos e incluyentes. Esto en el marco de una política de paz sustentada en la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y la antigua FARC-EP en 2016. Este Acuerdo, compuesto de una infinidad de leyes, decretos y programas, es quizás la política estatal más grande e importante de Colombia durante el siglo XXI. Contempla acciones para avanzar en la reforma agraria, mejorar la participación política, atacar el problema de las drogas ilícitas, reintegrar a los excombatientes en la sociedad y propuso un sistema de justicia transicional admirado en el mundo por su enfoque restaurativo que prioriza a las víctimas del conflicto.
Como en las películas de Tom Cruise, la misión de los Consejos de Paz parece imposible. Además de la complejidad y los desafíos de la implementación, la sociedad colombiana sigue azotada por una violencia que, aunque disminuye en sus números absolutos, se recicla entre economías ilegales y fragilidad estatal, ensañandose contra los más vulnerables en territorios como la frontera colombo-venezolana. En efecto, aunque los Consejos de Paz no están diseñados para tratar temas de seguridad, desafortunadamente, el conocer, discutir y visibilizar hechos de violencia es una de las actividades más frecuentes de los Consejos de Paz en nuestro territorio.
Por todo lo anterior es fundamental que el Concejo Municipal y demas autoridades de la ciudad tengan muy claro las posibilidades y limitaciones de los Consejos de Paz para evitar acciones con daño. Por ejemplo, en contextos de fragilidad estatal, algunos ejercicios de veeduría para fomentar la transparencia en lo público exponen fuertemente a líderes y lideresas a las represalias de ciertos actores violentos que ven amenazados sus intereses particulares por los ejercicios de control ciudadano. Resulta fundamental, entonces, apoyar a los liderazgos sociales con herramientas digitales, sistemas para recolectar información anónimamente y protocolos de emergencia que eviten hechos catastróficos como el ocurrido recientemente con el cruel asesinato de Jaime Vásquez.
Además, es crucial que dispongan de los recursos economicos suficientes para el buen funcionamiento del Consejo de Paz. El Instituto Kroc, encargado de monitorear la implementación del Acuerdo de Paz, elaboró hace poco el informe "Construir paz desde las bases: Análisis de plataformas de participación para la paz" donde realiza un ejercicio comparado de plataformas de participación como los Consejos de Paz en cinco territorios PDET del país, incluido Norte de Santander. Las recomendaciones de este y los informes producidos por agencias estatales, centros de pensamiento y agencias de cooperación son insumos muy útiles para que el Consejo de Paz en Cúcuta resulte en una experiencia positiva en la región.
