Quienes creemos que Colombia es un Estado Social de Derecho aceptamos sin reservas el resultado de las elecciones en que se escogió al nuevo Presidente de la República porque somos respetuosos de nuestras leyes, así muchos no votáramos por él.
Sólo en el campo de las especulaciones se podría imaginar un sistema en que el gobierno elegido sólo rigiera para sus electores, y no quedaran obligados a sus decisiones quienes votaron en su contra. ¡Absurdo!, se oiría gritar en las redes sociales. Pero esta hipótesis es sólo para enfatizar que el gobierno debe atender a la mitad del pueblo que no le dio su voto, porque el país no es entregado a un dueño individual, sino que se escoge a un “mandatario”, es decir, a quien debe cumplir lo que el pueblo “manda”.
Para pasar al realismo de la democracia, es lícito protestar por lo que pretende hacer el nuevo gobierno en contra de las convicciones de la mitad de la sociedad, particularmente en lo referente a la economía del país.
Parece incomprensible que se quieran mejorar los ingresos del gobierno disminuyendo la capacidad económica del país. Por ejemplo, la reforma tributaria que se radicó en el Congreso busca recaudar unos 25 billones de pesos en el año 2023 con impuestos a ciudadanos y a empresas productivas. Si bien, se puede ampliar la base tributaria para que paguen más las personas pudientes, no se entiende que se reduzca la producción de empresas colombianas como Ecopetrol que sólo con sus rendimientos, regalías y utilidades puede cubrir lo que se aspira a recaudar con la reforma.
Esto, sin calcular lo que puede significar la disminución, como producto de cargas impositivas excesivas, de la inversión extranjera y nacional en proyectos de otros sectores.
Tampoco parece lógico quitar incentivos a actividades que generan empleo; aportan a instituciones de educación y beneficencia; apoyan la protección del medio ambiente y los emprendimientos culturales etc. Si se calcula lo que se puede recaudar en ellas es francamente irrelevante, pero su ruina obligaría al Estado a sumir esas cargas. ¡Vaya logro!
Gravar las pensiones de los colombianos envejecidos o incapacitados es injusto porque esos ingresos son el fruto de muchos años de servicio y, generalmente, son el sustento de familias enteras. Disminuir la capacidad del consumo familiar para que esos dineros los administre la DIAN (con tantas historias de robos y fraudes) produce muchas dudas. Y si existen pensiones conseguidas o liquidadas de manera ilegal, el camino es perseguir a los delincuentes que las obtuvieron y a sus cómplices en las entidades que las decretaron.
No es razonable enriquecer al gobierno empobreciendo a los ciudadanos. Lo que hace progresar a un país es el trabajo que genera satisfacciones y permite pagar impuestos razonables. La pobreza no se acaba con dádivas indiscriminadas sino con oportunidades.
Para no mencionar a ningún país, baste mirar aquellos que tienen gobiernos muy ricos, pero sus poblaciones están sumidas en la miseria sin comida, sin seguridad social, sin empleos. Un país no debe gobernarse con el capricho de implantar ideologías sectarias sino con la buena fe de trabajar por el bien común.
ramirezperez2000@yahoo.com.mx
