La historia del puente que uniría a los barrios Morelli, Bellavista parte baja y Límites de la Sabana nació como una solución a un problema causado por la naturaleza, pero con el tiempo se ha convertido en un símbolo de abandono y negligencia.
Desde que la temporada de lluvias de 2019 arrasó con la vía principal de acceso, los residentes de estos sectores comenzaron una lucha que, cuatro años después, sigue sin resolverse del todo.
El puente que no convenció
La Gobernación de Norte de Santander tomó las riendas del proyecto y, tras retrasos ocasionados por la pandemia del COVID-19, en 2021 se culminó la construcción del puente en un tiempo récord de seis meses.
Sin embargo, la comunidad no tardó en manifestar su inconformidad con la obra, que había costado 260 millones de pesos pero no cumplía con lo proyectado. A pesar de sus deficiencias, al menos servía como vía de acceso y evitaba inundaciones en las calles alternas.
La tranquilidad duró poco. Con el paso de los meses, la falta de canalización terminó por socavar la plataforma de concreto, abriendo un hueco de hasta tres metros de diámetro. Lo que inicialmente era una solución se convirtió en un peligro latente.
El deterioro del puente generó un temor constante entre los habitantes de la zona. Marilú Mendoza Ríos, presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Límites de la Sabana, alertó sobre el riesgo que corren los niños que diariamente atraviesan la infraestructura para llegar al colegio Guillermo León Valencia. “Es un peligro inminente para cualquiera que transite por aquí”, enfatizó.
El problema afecta a por lo menos 500 viviendas de los barrios mencionados, así como a los conductores que dependen de esta vía para conectar Villa del Rosario con la ciudadela de La Libertad.
Conscientes de la gravedad de la situación, los líderes comunitarios iniciaron gestiones ante las entidades gubernamentales, pero las respuestas han sido lentas y llenas de burocracia.
Un fallo a la espera de confirmación
Para presionar a las autoridades, los habitantes interpusieron una acción popular que, finalmente, les dio la razón. El 14 de septiembre de 2024, la justicia falló a favor de la comunidad y ordenó la reparación inmediata del puente. Sin embargo, la alegría se vio empañada por la necesidad de esperar una segunda instancia: el Tribunal Administrativo de Norte de Santander debe confirmar la decisión antes de que las obras puedan iniciar.
Mientras tanto, los vecinos continúan atrapados entre la incertidumbre y la falta de recursos para solucionar el problema por su cuenta.