El juez municipal Brayan Torres Bayona favoreció la acción de tutela interpuesta por una estudiante para reclamar los derechos fundamentales de los cerca de 78 mil niños que están sin alimentación escolar por la imposibilidad que ha existido para la adjudicación del contrato de este programa.
La estudiante del Colegio Sagrado Corazón de Jesús ejerció la medida de amparo en medio de una profunda polémica tejida en torno a la adjudicación del Programa de Alimentación Escolar que debió entrar en vigencia el 31 de enero pasado.
En noviembre de 2021, el Concejo de Cúcuta aprobó el proyecto de acuerdo 030 por medio del cual se autorizó al gobierno municipal el traslado de vigencias futuras para garantizar el inicio del PAE conjuntamente con el calendario escolar de 2022, con recursos por el orden de los 67.995.642.727 de pesos.
El fallo del juez municipal ordenó a la Secretaría de Educación de Cúcuta para que en un término de 15 días hábiles contados a partir de la notificación, se proceda adoptar las medidas técnicas administrativas y financieras para garantizar la reanudación del programa alimenticio.
Fuertes críticas
Esta acción judicial fue acompañada por la Central Unitaria de Trabajadores, instancia que se suma a la de otras asociaciones que han alzado su voz en demanda del suministro de alimentos y atención de los estudiantes de colegios y escuelas públicas municipales.
Una de estos gremios lo constituye la Asociación de Padres de Familia de la ciudad que mostró su total descontento por la manera en que la administración municipal, a través de la Secretaría de Educación, ha venido haciendo las propuestas de costeo de las raciones en las convocatorias de licitación que ha planteado en la Bolsa Mercantil Colombia.
Otra de las fuertes críticas a la dilaciones de la entrada en vigencia del programa alimentación escolar provino del concejal Carlos Dueñas, quien expresó su preocupación por lo que considera una “absoluta irresponsabilidad político administrativa por parte de la Secretaría de Educación”, dijo en sesión municipal ante la Comisión de Presupuesto.
Dueñas consideró que ha habido una mala gestión por parte de la secretaria Jessica Ramírez, por cuanto el programa no ha contado con una correcta planeación, en la que mediante una matriz de riesgos se pudo haber preparado para las adversidades de los “riesgos contractuales”, mencionó.
Sin participación
La Opinión conoció que tras el pasado 23 de marzo, fecha límite para habilitarse para el proceso de licitación ante la Bolsa Mercantil Colombia, solo en dos de los cinco planes de operación planteados por la alcaldía se presentaron ofertas.
Esto quiere decir que de nuevo podría declararse desierta este proceso ante la ausencia de participantes al PAE.
El próximo 30 de marzo es la fecha límite para la adjudicación del PAE.
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