Las 100 invasiones que aparecieron de la noche a la mañana en el paisaje del anillo vial, en el occidente y norte de Cúcuta, al tiempo que fueron levantándose también dieron paso a una serie de problemas de los cuales la ciudad tardará décadas en solucionarlos, si es que puede y hay la capacidad.

El solo hecho de haber nacido en suelo ajeno, es de entrada el primer problema al que se ven enfrentadas las autoridades. En segundo lugar, como su creación fue ilegal, la alcaldía y cualquier entidad de gobierno nacional, departamental y municipal no pueden hacer inversiones allí, lo que agudiza aún más las condiciones de convivencia para los invasores.

La construcción del anillo vial en el occidente de la ciudad, hace apenas cinco años, fue el detonante de esta gran explosión urbanística informal que se produjo en una zona también recién declarada de expansión urbana por la administración municipal (ver infografía).

La invasión fue escalonada y sistemática, certera y salida de control de las autoridades, que se quedaron cortas para impedirla, dijo el consultor de proyectos y obras civiles, Gerardo González.

El experto señaló que incluso el fenómeno llegó a bloquear proyectos urbanísticos legales, que se encontraron con ranchos de tabla y techo de zinc en sus predios.

El fenómeno desató a la par una serie de enfrentamientos y procesos en los tribunales en los que los propietarios de las tierras reclamaban la propiedad y los ‘destechados’ su derecho a una casa digna.

Bandas de urbanizadores piratas también pescaron en río revuelto y ello agudizó aún más el problema tanto para la alcaldía como para los verdaderos propietarios, a tal punto de que en la Fiscalía Seccional de Cúcuta se abrieron no menos de 35 procesos contra los integrantes de estas bandas que feriaron al mejor postor una cantidad indeterminada de lotes a incautos ciudadanos.

“Conocimos casos de personas a las que se les vendieron lotes en tres y cinco millones de pesos y a las mismas se les entregó escrituras falsas de los terrenos”, le dijo a La Opinión un investigador de la Fiscalía.

De la aparición de las invasiones, unas más grandes que otras, han sacado provecho los políticos de la ciudad, quienes vieron en estas comunidades el caldo de cultivo para ganar votos. La Opinión conoció varios casos en asentamientos como El Talento, Colina Real, Nueva Ilusión, La Fortaleza, Alfonso Gómez, La Flor, donde los vecinos aseguraron que a cambio del voto el actual alcalde César Rojas en campaña les prometió no desalojarlos de sus ranchos.

En estos sectores consideran a Rojas su salvador, pues a la fecha no ha amenazado con sacarlos de los predios invadidos.

El mandatario local negó que haya hecho tal promesa a los invasores y por el contrario señaló que fue en su mandato que cesaron las invasiones en la ciudad. “En dos años no hemos permitido que prosperen unos 35 intentos”, dijo.

Un problema mayúsculo sacude las escarpas de occidente y norte de la ciudad donde se asentaron los invasores y es la ausencia de un sistema de alcantarillado de aguas lluvias y negras, lo que pone en riesgo no solo a los ríos de la zona, por la gran cantidad de aguas servidas que van a parar de manera directa a sus lechos, sino a los mismos invasores, dadas las filtraciones de agua en los terrenos de pendiente donde se levantaron los ranchos.

De estas cien invasiones que nacieron a lo largo del anillo vial van a parar directo a las aguas de las quebradas Tonchalá y Quebrada Seca, y de estas al río Zulia, el 22 por ciento de las aguas servidas de Cúcuta, “una contaminación de gran impacto”, dijo el ambientalista Fermín García.

“Como nacieron en la ilegalidad y zonas de alto riesgo no se planearon vías, servicios públicos, zonas verdes, espacio público, ni tampoco hay escuelas ni transporte público”, dijo la directora de proyectos de la empresa que opera el acueducto de Cúcuta, Aguas Kpital, Luz Marina Barbosa.

Para el arquitecto Alejandro Gómez, este impacto no solo afea el paisaje urbanístico de la ciudad, sino que le produce un efecto devastador en sus intentos por avanzar hacia otros niveles de desarrollo. “Por ejemplo, qué competitiva puede ser Cúcuta si la gran mayoría de sus barrios nacieron y siguen naciendo por las invasiones de tierra”

El concejal Oliverio Castellanos reveló que en el último control político que le adelantó el Concejo al director de Planeación, Orlando Joves, este aseguró que cerca del 70 por ciento de los barrios de la ciudad aún no cuentan con título de legales.

El costo de vivir ilegal

Juan Carlos Velandia y su esposa Amalia Díaz hicieron parte de la comunidad que invadió los terrenos donde hoy se encuentra el asentamiento El Talento parte alta, en la cima que colinda con Urimaco.

En la casa que levantaron con tablas, tela verde para encerramiento y techo de láminas de zinc, pasan con sus tres hijos de 5, 7 y 10 años sus noches entre velas y linternas.

Aunque Velandia tiene su propio televisor, no tiene energía eléctrica para encenderlo. También dejó de tomar jugos naturales porque no puede prender la licuadora y toma agua caliente porque tampoco puede conectar su nevera.

Allá en la loma donde vive un hielo vale 500 pesos y son pocos los que tienen planta eléctrica.

Vivir en uno de los sitios más recónditos de la ciudad ha sido difícil, asegura, pues solo hasta hace cinco meses pudo contar con el servicio de pila pública para el agua del hogar. Meses atrás ,pagaba 28 mil pesos cada 15 días por llenar, desde un carrotanque, su pileta de 2 mil litros.

Sus hijos deben caminar cuatro kilómetros por terreno en pendiente para llegar a la escuela más cercana que está en la ciudadela El Progreso.

No tienen puesto de salud ni tampoco transporte público. Para movilizarse acuden a los mototaxistas.