La protesta de madres representantes de niños con discapacidad afiliados a Coosalud EPS completa este jueves 6 de agosto una semana frente a las sedes de la entidad en Cúcuta, sin que hasta el momento se haya alcanzado una solución que permita restablecer los servicios suspendidos por la red prestadora de salud.
Las familias iniciaron el plantón el pasado 29 de julio para exigir el pago de la cartera que, según denuncian, la EPS mantiene con varias instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) de Norte de Santander, situación que ha derivado en la suspensión de terapias, consultas especializadas y otros servicios esenciales.
Viviana Sánchez, veedora de salud y vocera de la protesta, aseguró que, tras siete días de manifestación, aún no han recibido una respuesta concreta por parte de la dirección nacional de Coosalud.
"Hoy nos citaron a una reunión a las 3:00 de la tarde con la nacional. El interventor se conectaría de manera virtual, pero no nos dan la certeza de que realmente vaya a participar. Vamos a asistir y esperamos que se puedan establecer mesas para la conciliación de cartera con la red prestadora, porque lo que realmente nos interesa es que reactiven los servicios de nuestros niños y de todos los usuarios", explicó.
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La representante indicó que, si el interventor no participa en el encuentro o no se plantean soluciones concretas, los manifestantes levantarán temporalmente el plantón este jueves, pero retomarán la protesta el próximo lunes.
"Si hoy no hay una respuesta positiva, el lunes vamos a continuar nuevamente con el cierre en Cúcuta para Coosalud EPS", afirmó.
Más de 160 niños siguen sin terapias
Aunque la presencia de las familias en las sedes de la EPS ha variado durante la semana, debido a las dificultades que implica permanecer de forma permanente en el lugar, Sánchez aseguró que el impacto sobre los pacientes continúa siendo el mismo.
"Nos hemos ido alternando por días, pero niños afectados directamente sin terapias son 162", señaló.
La veedora reiteró que la movilización no busca impedir la prestación de los servicios administrativos de la EPS, sino visibilizar la crisis que enfrenta la red de atención.
"Si nosotros no estuviéramos haciendo este plantón pacífico, de nada serviría que Coosalud funcionara si la red prestadora está suspendiendo servicios por la ausencia de pagos", manifestó.
Desde el inicio de la protesta, las familias han denunciado la suspensión de terapias de rehabilitación, dificultades para acceder a especialistas, restricciones en el transporte asistencial y la incertidumbre frente al suministro de medicamentos, especialmente para pacientes con enfermedades de alta complejidad.
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Llamado al nuevo Gobierno
A pocas horas de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, la vocera de los usuarios también hizo un llamado al nuevo Gobierno nacional para que priorice la situación de los afiliados de Coosalud en Norte de Santander.
"Que prioricen los pagos de cartera para Norte de Santander y para Coosalud, para que se puedan reactivar los servicios. Que la doble protección constitucional que tienen nuestros niños con discapacidad deje de estar solo en el papel y sea una realidad. No es justo que nuestros hijos estén sin tratamiento y que la institucionalidad sea indolente frente a esta situación", expresó.
Las familias permanecen a la espera del resultado de la reunión convocada para la tarde de este jueves, de la cual dependerán las decisiones que adopten en los próximos días. Entretanto, insisten en que la prioridad es garantizar la reactivación de los servicios de salud para los pacientes que hoy permanecen sin atención debido a la falta de pago a la red prestadora.
Coosalud también enfrenta investigación disciplinaria
La situación de la EPS se conoce en medio de una investigación disciplinaria que adelanta la Procuraduría General de la Nación contra el presidente de Coosalud EPS, Jaime Miguel González Montaño, y siete integrantes de la junta directiva.
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El organismo de control busca establecer si durante la vigencia 2024 se presentaron presuntas irregularidades relacionadas con operaciones financieras prohibidas por la regulación del sector salud. Entre los hechos objeto de investigación se encuentran posibles inconsistencias en pagos a terceros, una eventual concentración en la dispersión de recursos destinados a ese rubro y la celebración de un contrato de coworking.
Con la práctica de pruebas, la Procuraduría pretende verificar la ocurrencia de los hechos, determinar si constituyen una falta disciplinaria y establecer si los funcionarios investigados actuaron o no bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.
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