La no entrega de medicamentos, así como las adjudicaciones inoportunas e incompletas a pacientes con condiciones especiales representan un 68.16% del total de reclamos (217.108) que hacen usuarios del sistema de salud en Colombia, que se concentran principalmente en cinco empresas prestadoras de salud (EPS), como Nueva EPS, Salud Total, Sanitas, EPS Sura y Coosalud.

Frente a esta situación el Superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, tras hacer un seguimiento a este grupo de EPS, pidió a sus gerentes vigilar la entrega de medicamentos a estos pacientes, pero además avanzar en la ampliación de la oferta de gestores farmacéuticos para algunos medicamentos y hacer cambios de gestores por incumplimiento.

“Es fundamental identificar el número de casos de no entrega a medicamentos que tienen relación con moléculas desabastecidas y continuar explorando una negociación conjunta entre las EPS intervenidas y la industria farmacéutica”, dijo Rubiano.

Además, señaló la importancia de hacer seguimiento de los casos reportados semanalmente por las asociaciones de usuarios de pacientes y también pidió a gerentes interventores la identificación total de las cohortes de pacientes con condiciones, como enfermedades huérfanas, VIH, cáncer, trasplantados, entre otros, sus costos y sus planes de acción.

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Sin embargo, para Dennis Silva, de Pacientes Colombia, el problema no es por desabastecimiento de medicamentos, sino escasez porque no les pagan a las farmaceúticas.

“Ahora se inventaron unos nuevos gestores farmacéuticos que no tienen capacidad instalada, no tienen músculo financiero y en un mes los quiebran porque no les pagan. Ahí es donde está la gran preocupación. Y el gobierno conoce esta situación, pero lo que están haciendo es tender una cortina de humo con este pronunciamiento de la Supersalud”, manifestó.

Dilema ético -  legal innecesario

Para Néstor Álvarez, de la organización nacional Pacientes Alto Costo, con estas propuestas el gobierno nacional, en su empeño por imponer un modelo distinto y no asignar más recursos al sistema, está cayendo en un dilema ético y legal innecesario.

“Como el gobierno no quiere asignar más recursos, entonces entró en una discusión ética de priorizar ciertas patologías, una práctica que es ilegal, porque la ley estatutaria de salud no habla de priorizar patologías, todos tenemos el mismos derechos”, dijo el veedor de salud.

Álvarez fue enfático en decir que con su planteamiento la Supersalud “no resuelve el problema de fondo, tampoco es un paliativo, lo que están haciendo es una discriminación para salvar a unas personas y dejar morir a otras. Este dilema ético-legal no se le puede permitir al gobierno y aceptar que es un valor agregado, porque no lo es”.

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“Hoy el tema no es solamente medicamentos, es que no hay citas con médicos generales y médicos especialistas, cierran IPS, cada vez que eso pasa los médicos se van para otros países y los pacientes son los más afectados”, apuntó Silva.

Señaló además que con estas acciones “el gobierno busca acorralar al sistema de salud, poniendo en peligro la vida de los pacientes para justificar la reforma que no resuelve nada y politiza los recursos del sistema de salud”, sostuvo.

En este contexto, el representante de Pacientes Alto Costo afirma que en el país se van a seguir viviendo situaciones como las que ya se han viralizado en redes sociales, “usuarios violentando farmacias y centros médicos, por retrasos en la entrega de los medicamentos y de procedimientos médicos”.

En cuanto a la situación en Norte de Santander, Álvarez precisó que por cada 10 pacientes de la Nueva EPS -que es la que concentra el mayor número de usuarios en el departamento- cinco denuncian recibir medicamentos incompletos, “estamos hablando entonces de una proporción del 50 por  ciento en esa situación”, dijo.

“La adjudicación de medicamentos está crítica, las autorizaciones de medicamentos caros están demoradas, porque saben que no tienen con qué comprar, entonces demoran la autorización para que el paciente no pelee por la entrega”, sostuvo.

Situación de las EPS intervenidas

El panorama de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) intervenidas sigue generando preocupación en el sistema de salud colombiano. Según el balance presentado a la Superintendencia de Salud, la Nueva EPS se destaca como la entidad con más reclamos por fallas en la entrega de medicamentos.

Bernardo Camacho, agente interventor, reveló que la EPS enfrentaba deudas con gestores farmacéuticos y problemas de exclusividad en la distribución de ciertos fármacos, lo que ha sido parcialmente solucionado.

El costo anual de los medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo supera el billón de pesos, con un gasto mensual de aproximadamente $110 mil millones. Frente a esta situación, la Nueva EPS ha implementado medidas para regularizar los pagos y evitar la dependencia de un solo gestor farmacéutico, permitiendo mejorar la dispensación de los tratamientos.

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Otras EPS intervenidas también han presentado avances y desafíos en la garantía del suministro de medicamentos. En Savia Salud, de los 401 pacientes trasplantados y con enfermedades huérfanas, 372 han recibido sus medicamentos, mientras que 19 están pendientes y 10 no han sido localizados.

En el caso de la EPS SOS, el 93% de los reclamos han sido solucionados, con una inversión en tecnologías en salud de $1.1 billones entre abril de 2024 y enero de 2025.

Por su parte, Asmetsalud ha entregado medicamentos al 50% de sus pacientes trasplantados, mientras que Famisanar reportó dificultades con algunos medicamentos esenciales. Finalmente, la EPS Sanitas informó que, de 299 casos pendientes, 51 aún esperan sus medicamentos, pese a haber girado más de $1.745 millones en los últimos dos meses.

El informe refleja los esfuerzos por normalizar la atención, pero también expone las persistentes dificultades en la dispensación de medicamentos esenciales para pacientes críticos.

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