El decreto es soportado por el Estudio Técnico de Monitoreo de Ruido Ambiental, adelantado por la Universidad Francisco de Paula Santander, que fue aplicado en las comunas 1, 2 y 6, cuyo informe final se presentó el 15 de julio de 2022, con conclusiones que señalan, por ejemplo, que la población que habita en estas comunas está expuesta a altos niveles de ruido debido a las diversas actividades comerciales, y no comerciales, sumadas a las del transporte que predomina en esos sectores.
La Policía Nacional tendrá como responsabilidad la vigilancia y el estricto cumplimiento de las prohibiciones adoptadas en el decreto, así como la imposición de las respectivas sanciones a que haya lugar de acuerdo con la ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia.
El decreto se aplicará de manera pedagógica del 15 al 30 de noviembre. En adelante, se aplicarán las sanciones que sean necesarias.
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