Las autoridades de Cúcuta avanzan en la consolidación de un diagnóstico sobre las amenazas que afectan al gremio periodístico de la ciudad, mientras fortalecen las medidas de protección luego del asesinato del periodista Cristian Hernando Herrera Nariño, ocurrido el pasado 6 de junio.
La secretaria de Gobierno de Cúcuta, Carolina Ujueta Álvarez, y el secretario de Seguridad Ciudadana de Cúcuta, Edwin Cardona, informaron ayer que la administración municipal activó mecanismos institucionales para atender los casos denunciados y coordinar acciones con las entidades encargadas de la protección de periodistas.
Según explicó Ujueta a La Opinión, las medidas fueron reforzadas tras el homicidio de Herrera y actualmente se desarrolla un trabajo conjunto entre la Alcaldía, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Personería Municipal, el Ejército y la Unidad Nacional de Protección (UNP).
“Las autoridades estamos trabajando de manera articulada para unificar las cifras de denuncias, ya que los casos se encuentran dispersos entre diversas dependencias oficiales”, señaló la Secretaria de Gobierno del municipio.
La situación fue analizada durante una sesión del Subcomité de Prevención y Garantías para Periodistas, liderada por la Secretaría de Gobierno, en la que participaron representantes de las diferentes entidades con competencia en materia de seguridad y derechos humanos.
Aunque no se revelaron nombres por razones de seguridad, el secretario de Seguridad Edwin Cardona confirmó que durante el encuentro se revisaron varios casos reportados este año por comunicadores que han denunciado amenazas contra su integridad.
De acuerdo con los datos preliminares recopilados por las autoridades, la Policía Nacional tiene priorizados seis casos, mientras que la Personería Municipal reporta ocho situaciones conocidas durante 2026. Sin embargo, la cifra definitiva aún está en proceso de consolidación.
“Lo que estamos haciendo en el Comité es coordinar las acciones a seguir en cada caso con todas las entidades que tienen asiento en el Subcomité de Prevención de Garantías para Periodistas”, explicó el secretario.
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Las medidas contemplan acompañamiento institucional, seguimiento a los riesgos identificados y la activación de las rutas de protección establecidas por la Unidad Nacional de Protección, entidad encargada de evaluar los niveles de amenaza y definir los esquemas de seguridad cuando se requieran.
Cardona precisó que la administración municipal no tiene competencia para asignar esquemas de protección, pero sí para activar los protocolos de atención y coordinar la respuesta interinstitucional.
“Cada entidad tiene su rol y su competencia. La Administración municipal lo único que puede hacer es activar rutas”, indicó.
Las autoridades esperan que durante la próxima semana, una vez se consoliden los registros existentes en cada organismo, se definan nuevas acciones conjuntas con la Fiscalía para atender los casos reportados.
Una historia marcada por la violencia
El asesinato de Cristian Hernando Herrera Nariño volvió a encender las alarmas sobre los riesgos que enfrenta el ejercicio periodístico en Norte de Santander.
A lo largo de las últimas décadas, varios comunicadores han sido víctimas de la violencia en la región.
Entre ellos figuran Carlos Ramírez París (1910-1977), quien murió tras una brutal golpiza perpetrada por desconocidos el 11 de diciembre de 1977; Jesús Medina, asesinado el 29 de enero de 1994; y Elías Jaimes Castillo, ultimado el 8 de julio de 1993.
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También aparece en esta lista Eustorgio Colmenares Baptista, director de La Opinión, asesinado el 12 de marzo de 1993 por integrantes del Eln cuando se encontraba en su residencia junto a su esposa.
A ellos se suman Julio Palacios, asesinado el 12 de enero de 2005; Jaime Vásquez, víctima de un ataque sicarial el 14 de abril de 2024; y Cristian Hernando Herrera Nariño, asesinado el pasado 6 de junio.
Los registros evidencian que la violencia contra periodistas ha sido una constante preocupación en Norte de Santander, situación que hoy mantiene bajo seguimiento a las autoridades, que buscan fortalecer las garantías para el ejercicio de la libertad de prensa y la protección de quienes desarrollan labores informativas en la región.
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