Según recopila la firma Chapman Wilches, “uno de los decretos hace referencia a que los beneficios que se otorguen a un grupo de trabajadores deben ser aplicados en todas las empresas de la misma industria o sector productivo”, lo que haría que “sindicatos impongan sus beneficios extralegales”, afectando a pymes, que no podrían soportarlo por su nivel de ingresos u operación.
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También se revive la propuesta que abre la posibilidad de huelga en empresas de servicios públicos, lo que gremios han advertido por una potencial interrupción en la prestación de estos para los colombianos.
“No obstante, el decreto que representa el mayor riesgo para las pequeñas y medianas empresas es el relacionado con la tercerización laboral. En un intento por solucionar las malas prácticas en este tipo de contratación, el Ministerio de Trabajo busca imponer una serie de restricciones como una medida para luchar contra la intermediación laboral ilegal, en vez de reforzar sus facultades de inspección y vigilancia”, dice la firma.
Agrega que esto es particularmente importante para las mipymes, en el entendido de que el 98% de esas firmas se dedica a ser contratista de servicios para grandes compañías de Colombia.
“La aprobación de estos decretos añade un costo adicional a las empresas, las cuales ya están enfrentando desafíos significativos debido a la reciente reducción de la jornada laboral. Con la implementación de los nuevos decretos, que introducen requisitos adicionales y restricciones más estrictas, las empresas, especialmente las pequeñas y medianas podrían afectar su capacidad para mantenerse competitivas y rentables en el mercado”, dijo Juan Miguel Cortés Quintero, abogado laboralista y asociado senior en Chapman Wilches.
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Visión de Fenalco y MinTrabajo
Más allá de estos borradores, desde Fenalco, gremio de los comerciantes, ya se han hecho reparos sobre el proyecto de la reforma laboral que sigue cursando en el Legislativo.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, dijo que la iniciativa tampoco piensa en los 450.000 desempleados que se podrían generar como resultado de un aumento de costos que, en una mipyme, sería cercano al 30%.
“Es una reforma que solo agravaría la situación económica tanto de las empresas como de los trabajadores y, por supuesto, de los desempleados”, insistió el dirigente gremial.
Por su parte, luego de que se tumbaran los artículos de la reforma que ahora se buscan revivir vía decreto, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, llamó a los empresarios a cumplir con los compromisos adquiridos por Colombia.
“Quisiera hacer un llamado al empresariado, tenemos que ser coherentes, y la coherencia es que este país para que le aprobaran la inclusión a la Ocde, tuvo unos compromisos con esta. El Congreso se comprometió con cuatro medidas en el tema de acción laboral, yo lamento que no se hayan recogido (...) espero que de los artículos que nos faltan, permitan que podamos avanzar para decirle a la Ocde que Colombia tiene voluntad de cumplir ese compromiso”, anotó.
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