Los empresarios del transporte de carga por carretera, reunidos en su congreso anual en Cartagena, advirtieron de las presiones que sobre el costo de vida tendrán los incrementos del precio de los combustibles, que viene aplicando el Gobierno.

Nidia Hernández Jiménez, presidenta de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), anotó que por cada $1.000 que se incremente el precio de los combustibles la inflación tendría un incremento de 0,65%, y si el combustible se incrementa hasta $18.000 por galón, como se menciona en diversos escenarios, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) podría llegar a 16,71%.

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En la más reciente medición del Dane la inflación anualizada, a octubre, acumula una variación del 12,22%, y el indicador para el grupo de gasto asociado a alimentos alcanzó un aumento del 27,32%.

“Vemos algunas luces de recuperación de la economía, pero con un incremento como el mencionado para los combustibles, indudablemente el transporte de alimentos, medicamentos, bienes de primera necesidad, insumos para la industria y el comercio, pasajes que utilizan los colombianos para movilizarse, terminarían afectando aún más la economía y a las poblaciones más vulnerables profundizando la crisis del hambre que actualmente atraviesa el país”, agregó la dirigente.

En los últimos meses los precios de referencia para el acpm, combustible que usa la gran mayoría del transporte de carga, se mantienen en el rango de los $9.302 pesos, el cual viene siendo el mismo desde el mes de julio y que de acuerdo a los anuncios del Gobierno este no aumentará su valor hasta junio del 2023.

Costos del transporte

Los empresarios del transporte añadieron que el sector viene atravesando múltiples y diferentes dificultades que cada vez generan más sobrecostos a la actividad, entre ellos los efectos de la pandemia de 2022, el alza del dólar y los elevados fletes marítimos debido a la crisis de contenedores.

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Esos fenómenos han incrementado significativamente los precios de los vehículos de carga, así como los repuestos e insumos para la operación terrestre. También se enumeró la “hiper-regulación” del estado, la informalidad, el control de precios a los fletes, las dificultades para la entrega de contenedores en Buenaventura y las elevadas tasas de interés.

No obstante, el Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera del Dane mostró que en el último año este indicador presentó una variación anual de 10,75% en comparación con septiembre 2021.

Los grupos de combustibles (5,52%) y partes, piezas, servicios de mantenimiento y reparación (8,69%), acumularon una variación por debajo del promedio nacional. Por otra parte, los grupos de costos fijos y peajes (13,59%) e insumos (19,56%) tuvieron una variación por encima del promedio nacional, que fue del 10,75%.

Pero, las empresas de transporte de carga por carretera también consideran otra serie de problemas que enfrentan en las vías como el invierno, los bloqueos en carreteras por parte de las comunidades inconformes, los “pare y siga” que se prolongan por horas generados por las obras de infraestructura, restricciones a la movilidad a nivel nacional en días festivos y por motivos ambientales, que agregan significativos sobrecostos a las operaciones de los transportadores.

“Adicionalmente, la economía de los transportadores de carga, sean empresas o propietarios independientes, también se ha visto afectada por los graves casos que afectan la seguridad en las vías, ya sean actos de terrorismo, cuyo saldo son conductores heridos y vehículos de carga incinerados, así como las pérdidas económicas por cuenta de los saqueos en medio de los bloqueos de las comunidades.

Revisar la fórmula

Johan Andrés Montealegre, director de Estudios Económicos de Colfecar, sostuvo que es necesario debatir sobre la estructura de precios de los combustibles, que a la fecha cuenta con cinco impuestos (Impuesto Nacional, IVA al ingreso al productor, Impuesto al Carbono, IVA al margen de distribuidor y la sobretasa) los cuales equivalen al 14% del precio final del mismo.

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En ese contexto, un estudio de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario señaló que el subsidio a los combustibles va en contravía del objetivo de disminuir las emisiones de dióxido de carbono (CO2).

El valor de esos subsidios es de unos $40 billones anuales, cifra superior al 2 % del PIB. “Este costo es muy superior a los recursos recaudados por la reforma tributaria y los efectos del subsidio son regresivos, ya que se está subsidiando a los propietarios de vehículos”, se lee en el informe.

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