El Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 por $634,9 billones, un monto $78 billones (14,2%) superior al de este año. Sin embargo, la discusión fiscal continúa: el Gobierno tiene pendiente presentar la anunciada Ley de Rescate Económico, con la que ha planteado un ajuste cercano a $45 billones para reducir las necesidades de financiamiento del Estado.

Para el director del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, José Mauricio Salazar, la aprobación del presupuesto no cierra el debate sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. La forma en que se concrete el ajuste será clave.

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“La forma en que se concrete ese ajuste será determinante para reducir las necesidades de endeudamiento y avanzar en el saneamiento de las finanzas públicas”, afirmó Salazar.

El ajuste que haga el Gobierno será importante, según el economista, debido a que, si la reducción se concreta, la necesidad de financiamiento con deuda podría disminuirse considerablemente. No obstante, hasta ahora no se conoce el texto ni cómo se distribuirían los recortes. 

Salazar sostuvo que el PGN 2027 sigue históricamente alto y está aprobado en un contexto fiscal complejo, porque el déficit proyectado continúa elevado y el crecimiento económico se mantiene débil, lo que reduce el margen de maniobra de las finanzas públicas.

“La deuda tendrá un peso creciente. Cerca del 24% del gasto estaría destinado al servicio de la deuda, mientras que la inversión representará el 14,9%, una proporción baja frente al tamaño total del presupuesto. Además, más del 40% de los recursos provendría de nuevo endeudamiento, en un contexto en el que el recaudo tributario no alcanzaría el 14% del PIB (Producto Interno Bruto)”, apuntó el economista. 

Manifestó que esto aumenta la importancia de que el ajuste anunciado se materialice y permita reducir la dependencia del crédito para financiar el gasto.

El profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario, Henry Amorocho, dijo que se hicieron modificaciones importantes en el documento, uno de ellos es que el servicio de la deuda se ajustó en $7,9 billones.

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Amorocho resaltó que el presupuesto para inversión quedó en $94,8 billones; el presupuesto de pagar los intereses de la deuda, en 94,4 billones; y el servicio de la deuda, que estaba en $154 billones, bajó a $147 billones.

“En la aprobación del PGN se advirtió que se le va a dar una espera al Gobierno para que envíe el proyecto de ley de ajuste fiscal, con el fin de saber de cuánto será el recorte del presupuesto y las posibilidades de hacerlo por la vía del ingreso, por los componentes sobre renta e IVA, en la mira de reducir los privilegios tributarios”, añadió el experto.

El académico manifestó que dicha propuesta de ley se presentaría a mediados de noviembre, lo cual contribuirá a reducir la incertidumbre del sector financiero internacional, para disminuir el riesgo país y la tasa de interés.

Modificaciones al PGN inicial

El experto Henry Amorocho se refirió a adiciones importantes que se hicieron durante la discusión del PGN, entre ellas en el sector Trabajo, que contará con $66,9 billones, los cuales incluyen los recursos destinados al cumplimiento de las obligaciones pensionales ($6,5 billones), así como a programas de protección social, formación para el empleo, productividad y emprendimiento, a través de entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

“19 sedes del SENA, que presentaron fallas tras el terremoto, tuvieron una adición de $500.000 millones. Se están trasladando  $100.000 millones para inversión en el Congreso y una adición de $70.000 millones para subsidios del GLP (gas licuado de petróleo)”, señaló el docente de la Unirosario.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, destacó la incorporación en Salud de $3 billones a los $2 billones que ya se habían incluido, para un total de $5 billones destinados a atender las necesidades y enfrentar la crisis del sector. 

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En Educación Superior Pública se reconoció una brecha de aproximadamente  $700.000 millones para atender necesidades de funcionamiento de las universidades. 

En la reformulación del presupuesto para el sector Minas y Energía, le adicionaron $3 billones para financiar subsidios de energía y gas, incluidos los destinados al servicio de gas por red, gas licuado de petróleo (GLP) y transporte de combustibles líquidos en zonas de frontera.

Además, el PGN 2027 contempla $82,8 billones para la seguridad del país, destinados a respaldar el funcionamiento de la Fuerza Pública y fortalecer las capacidades de investigación y lucha contra el delito. 

De estos recursos, $74,9 billones corresponden a Defensa y Policía, mientras que la Fiscalía General de la Nación contará con $7,8 billones, incluidos $100.000 millones adicionales para fortalecer su capacidad organizacional y operativa.

En cambio, los dineros de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se redujeron en $181.400 millones, que incluye un ajuste inicial de $170.000 millones y un recorte adicional de $11.400 millones, cuyos recursos fueron trasladados al Ministerio de Defensa. Según el gobierno de Abelardo de la Espriella, esto no afectará el funcionamiento de la entidad.

Dudas y avances 

El director del Observatorio aseguró que aún falta una explicación más detallada sobre el incremento de cerca de $60 billones frente al proyecto inicialmente presentado por el gobierno anterior, así como de los recursos destinados a la atención del terremoto, especialmente frente a los nuevos mecanismos creados para administrarlos.

Mauricio Salazar recalcó que uno de los rubros con mayor claridad es el pago asociado al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), con una apropiación específica de $9,6 billones, el cual se atenderá directamente desde el presupuesto, en lugar de continuar trasladando esa obligación mediante nueva deuda.

“Uno de los avances más importantes en transparencia quedó en el seguimiento a los fondos extrapresupuestales. Desde el Observatorio Fiscal hemos insistido en la necesidad de hacer seguimiento a estos mecanismos, porque una parte importante de los recursos públicos se transfiere a fondos, patrimonios autónomos, fiducias y otros vehículos, cuya ejecución es mucho menos visible para la ciudadanía”, agregó el director de la entidad.

Para el Observatorio, este es un avance relevante porque permite empezar a cerrar una brecha de información sobre recursos que hasta ahora han sido difíciles de rastrear una vez salen del presupuesto y entran a estos vehículos de administración.

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