Algunas personas pueden pensar que, al manejar su dinero en billeteras digitales en vez de cuentas bancarias tradicionales, sus fondos no son 'visibles' para las autoridades y están protegidos de los embargos.

No obstante, al funcionar legalmente como depósitos de bajo monto o cuentas de ahorro, estas plataformas están vigiladas por la Superfinanciera y, por ende, están sujetas a las mismas leyes, normas y retenciones que la banca tradicional.

Aquí le explicamos cómo funciona el embargo en estas billeteras digitales.

Inicialmente, las plataformas como Nequi, Daviplata o dale! están obligadas por ley a actuar como ejecutoras y retener o bloquear los fondos de un usuario de forma automática al recibir una notificación oficial de embargo.

Hay dos actores que pueden ordenarlo: los jueces de la República o las entidades del Estado.

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Para el primer caso, pueden recibir órdenes respecto a demandas civiles, penales, laborales o de familia en casos de incumplimiento de letras de cambio, arrendamientos o créditos bancarios, entre otros.

Para el segundo caso, las entidades como la Dian, las secretarías de hacienda y las secretarías de tránsito pueden ordenar embargos directos por incumplimiento en el pago de impuestos o multas.

Existe un límite en el monto que se puede embargar de las billeteras digitales. Si es ordenado por una entidad estatal, el límite se ubica en $26,7 millones y solo aplica para la cuenta de ahorros o depósito más antigua del usuario.

Ahora bien, si es ordenado por un juez, el límite vigente hasta octubre de 2026 es de $55 millones en general, pero para los depósitos de bajo monto -como las cuentas en estas billeteras-, la regla general es que el tope sea de 8 salarios legales mínimos vigentes.

Aquí es importante aclarar que existen ciertos casos donde no se aplican los topes. Si una persona tiene una cuota de alimentos retrasada, deudas con cooperativas o procesos de sucesión o divorcio, la billetera digital puede ser embargada por completo.

Una vez esté saldada la deuda, las plataformas digitales deben recibir una orden formal de levantamiento por parte del juez o la entidad para liberar el dinero del usuario.

Tomado de La República.

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