El Consejo de Estado entró en la fase final del proceso en el que deberá determinar si fue legal el aumento de 23 % del salario mínimo para 2026, establecido mediante el Decreto 1469 de 2025. Todo esto mientras gremios demandantes como Fenalco insisten en que se tumbe ese aumento.

La decisión aún no se ha producido. A comienzos de octubre, el tribunal cerró la etapa probatoria, acumuló las demandas y ordenó que el proceso avance mediante sentencia anticipada.

Ahora quedan pendientes los alegatos finales, el concepto del Ministerio Público y, posteriormente, la sentencia de fondo que definirá la legalidad del decreto.

Mientras se resuelve el proceso, el salario mínimo de 2026 se mantiene en $1.750.905 mensuales.

Fenalco presiona para que tumben el salario mínimo

La discusión judicial se centra en si el Gobierno anterior cumplió los criterios establecidos por la legislación para determinar el incremento del salario mínimo.

Entre los factores que deben ser considerados están la inflación, la productividad, el crecimiento económico, la participación de los salarios en el ingreso nacional y la capacidad económica de las empresas.

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La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) presentó sus alegatos de conclusión ante el Consejo de Estado y reiteró su solicitud para que sea declarado nulo el Decreto 1469 de 2025.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, sostuvo que el Gobierno anterior no podía apartarse de los criterios establecidos por el legislador y que la fijación del salario mínimo está sujeta a reglas que deben cumplirse.

Según el dirigente gremial, el eventual incumplimiento de esos parámetros constituye una razón para que el Consejo de Estado anule el decreto.

Salario Mínimo Vital

Uno de los principales puntos de controversia está relacionado con el concepto de “salario vital”, utilizado como referente para justificar el incremento.

Fenalco señala que el aumento se sustentó principalmente en una estimación contenida en un estudio atribuido a funcionarios o colaboradores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero considera que esta no tiene carácter normativo vinculante.

La estimación del salario vital fue de 22,7 %, una cifra que prácticamente coincidió con el aumento del 23 % decretado para 2026.

El gremio también cuestiona la motivación del decreto, porque considera que no explica de qué manera fueron valorados los diferentes factores que la ley establece como obligatorios para determinar el salario mínimo.

Consejo de Estado revocó suspensión

En febrero, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 1469 de 2025 y ordenó al Gobierno emitir, en un plazo de ocho días, un nuevo decreto con una justificación económica detallada.

Entre los elementos que debía considerar esa nueva decisión estaban la meta de inflación establecida por el Banco de la República y la productividad.

El Gobierno cumplió con esa orden mediante el Decreto 159 de 2026, que estableció un aumento transitorio del salario mínimo.

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Posteriormente, la Sección Segunda del Consejo de Estado revocó la suspensión provisional, al considerar que no se había demostrado un perjuicio concreto. Además, el decreto transitorio mantenía el mismo porcentaje y valor del incremento.

Sin embargo, esa decisión no resolvió la controversia de fondo. La legalidad del aumento del 23 % deberá definirse en la sentencia que ahora prepara el tribunal.

¿Qué falta para que se conozca la decisión sobre el salario mínimo?

Con el cierre de la etapa probatoria y la acumulación de las demandas, el proceso entró en su fase final.

El Consejo de Estado deberá recibir los alegatos finales y conocer el concepto del Ministerio Público antes de emitir la sentencia anticipada.

Además de establecer si el Decreto 1469 de 2025 se ajustó a las normas que regulan la fijación del salario mínimo, el tribunal deberá determinar si el concepto de “salario vital” podía utilizarse como referente en la decisión gubernamental o si, por el contrario, desplazó indebidamente los criterios establecidos en la legislación.

¿Qué dice Fenalco sobre una eventual nulidad del aumento?

Fenalco sostiene que solicitar la nulidad del decreto no significa que los trabajadores deban devolver los salarios recibidos durante 2026 ni que se desconozcan derechos adquiridos.

El presidente de Fenalco señaló que la solicitud busca el restablecimiento de la legalidad con protección de los trabajadores y recordó que existen antecedentes del propio Consejo de Estado que permiten preservar situaciones jurídicas consolidadas.

El gremio citó como antecedente una decisión de 2017, cuando el Consejo de Estado anuló un decreto de salario mínimo por insuficiencia de motivación, pero protegió los salarios que ya habían sido devengados.

Por estas razones, Fenalco reiteró ante el tribunal su solicitud de declarar la nulidad del Decreto 1469 de 2025.

Además de resolver la situación jurídica del incremento aplicado en 2026, la decisión podría precisar las reglas que deben seguirse para determinar futuros aumentos del salario mínimo.

Fenalco considera que el fallo contribuiría a establecer con mayor claridad los parámetros legales aplicables a la fijación del salario mínimo de 2027.

Tomado de El Colombiano.

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