La prohibición de las exportaciones de carbón colombiano a Israel, mediante del Decreto 1047 del 14 de agosto de 2024, y el proyecto de Ley 344 de 2023, que busca la creación de la Empresa Colombiana de Minerales (Ecominerales), inquietan a los industriales del coque.
La Asociación de Coquizadores de Norte de Santander (Asocoquizadores) expresó que, con Ecominerales, se pretende monopolizar el sector minero en favor del Gobierno, porque promueve la desigualdad en términos de competitividad para la empresa privada y desacelera la inversión.
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La gerente de Asocoquizadores, Angélica León, enfatizó que “estas medidas son políticas deliberadas dirigidas a asfixiar la libre empresa, su actividad, competitividad, inversión y crecimiento, lo que perjudica la economía nacional y la generación de empleo en el sector industrial minero del carbón y sus derivados”.
León también se refirió al impacto en el empleo y el desarrollo regional de estas decisiones de la administración de Gustavo Petro, porque la actividad coquizadora y carbonera de Norte de Santander es un importante generador de puestos de trabajo.
“En 2023, el sector generó más de 11.000 empleos directos. En minas y canteras generó más de 44.000 indirectos y más de 1.600 empleos directos, así como más de 6.400 empleos indirectos en plantas de coque. En el último periodo, las exportaciones de carbón térmico a Israel representaron el 5% del total de exportaciones de este mineral, alcanzando un valor aproximado de 447 millones de dólares”, detalló la dirigente gremial.
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Indicó que las políticas gubernamentales ponen en riesgo los ingresos por concepto de impuestos, regalías y contribuciones destinados al desarrollo de proyectos de impacto regional en el sector salud, vial y educación, entre otros.
Inseguridad jurídica
Para la gerente de Asocoquizadores, las medidas agravan un clima de incertidumbre y desconfianza, porque vulneran los principios de seguridad jurídica y constitucionalidad de la libre empresa y la libre competencia.
“Asocoquizadores destaca que esta prohibición de exportaciones puede sentar un precedente negativo para el país, al contradecir compromisos internacionales y normativas nacionales. La falta de previsibilidad y consistencia en las políticas gubernamentales puede desalentar la inversión y afectar la confianza en el marco regulatorio del país”, manifestó Angélica León.
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Agregó que la restricción podría generar prevención en los mercados internacionales y dañar la reputación de Colombia como proveedor confiable, llevando a una disminución en la inversión extranjera y en la demanda de carbón colombiano en otros mercados.
Además, pone en riesgo compromisos en el marco de los Tratado de Libre Comercio (TLC) con otros países.
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