Ecopetrol enfrenta una disputa tributaria con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que podría tener consecuencias sobre las finanzas y la operación de la principal empresa petrolera del país. El conflicto gira alrededor del cobro del impuesto al valor agregado (IVA) por la importación de gasolina, una obligación que la estatal no reconoce y que, según sus cálculos, asciende a $8,2 billones, incluidos los intereses moratorios.

La controversia llegó a la Corte Constitucional, que el pasado 30 de octubre seleccionó para revisión una tutela presentada por la compañía. El recurso busca evitar que un eventual embargo de sus recursos termine afectando su capacidad para operar y cumplir con sus obligaciones financieras y laborales.

Según reveló CAMBIO, en un informe financiero confidencial elaborado por la Gerencia de Mercado de Capitales de Ecopetrol, la empresa advirtió que un embargo por $16,4 billones, equivalente al doble de la deuda estimada, podría llevarla a una situación de insolvencia en apenas 23 días.

La alerta fue presentada por el abogado Alejandro Linares Cantillo, expresidente de la Corte Constitucional y apoderado de la petrolera en este litigio. En su argumentación, sostuvo que una medida de esa magnitud generaría un déficit inmediato que impediría atender las obligaciones esenciales de la compañía y comprometería incluso su existencia jurídica.

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El origen del enfrentamiento está en un cambio de interpretación de la DIAN sobre el cobro del IVA a los combustibles importados. El 20 de diciembre de 2024, la entidad publicó el Concepto 010763, mediante el cual modificó una interpretación que, según Ecopetrol, se había mantenido durante al menos 15 años.

Con ese pronunciamiento, la autoridad tributaria estableció que la importación de gasolina debía liquidar IVA con una tarifa del 19%.

No obstante, entre el 5 de mayo de 2022 y el 10 de enero de 2025, Ecopetrol había presentado 637 declaraciones de importación de gasolina sin liquidar ese impuesto. La empresa argumentó que el Ministerio de Minas y Energía no había fijado la base gravable necesaria para determinar el tributo, por lo que consideraba que no estaba configurada la obligación de pagarlo.

Posteriormente, la DIAN expidió dos resoluciones, una en agosto de 2025 y otra en enero de 2026, mediante las cuales corrigió las declaraciones de importación de la petrolera y estableció el cobro correspondiente.

La deuda por concepto de IVA fue calculada en $5,2 billones. Al sumar los intereses moratorios, estimados hasta el 27 de febrero de 2026, la obligación ascendería a por lo menos $8,2 billones, de acuerdo con las cuentas de Ecopetrol.

La compañía emprendió dos acciones judiciales para controvertir ese cobro. La primera es una demanda de nulidad, presentada por el abogado Mauricio Plazas Vega, con la que busca dejar sin efecto las resoluciones de la DIAN que determinaron la obligación tributaria.

La segunda es la tutela presentada por Linares, en la que se advierte sobre los posibles efectos de un embargo mientras se resuelve el litigio de fondo.

En el informe confidencial conocido por CAMBIO, Ecopetrol expone las consecuencias que tendría una medida de ese tipo sobre sus compromisos económicos. La empresa señala que los recursos disponibles en caja serían insuficientes para responder por sus obligaciones y que, debido a la naturaleza preferente de las deudas tributarias, tendría que movilizar buena parte de su liquidez.

Entre los compromisos que podrían verse afectados están el pago de la nómina de aproximadamente 10.000 trabajadores, las obligaciones con cerca de 40.000 contratistas y las cuentas pendientes con proveedores, que sumarían alrededor de $1,3 billones. También estarían en riesgo los compromisos con el sector financiero.

La petrolera explicó que recibe cerca de $3,2 billones mensuales, mientras sus egresos alcanzan aproximadamente $4,1 billones. Dentro de estos últimos se incluyen los pagos de regalías a las regiones, calculados en unos $600.000 millones al mes, y los dividendos correspondientes a la Nación.

De acuerdo con el análisis financiero, un embargo de $16,4 billones impediría atender esos compromisos y provocaría una interrupción de la cadena de pagos. La compañía sostiene que, incluso si pudiera mantener temporalmente algunos pagos en dólares, sus recursos disponibles se agotarían en un periodo máximo de 23 días.

Ecopetrol también argumenta que un eventual fallo posterior a su favor no repararía necesariamente los daños ocasionados por la medida. Según la empresa, para ese momento podrían haberse perdido empleos, afectado proveedores, deteriorado la confianza de los mercados y comprometido el abastecimiento energético.

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La tutela ya había sido negada en dos instancias judiciales. El Juzgado 46 Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideraron que el riesgo expuesto por la compañía no demostraba una amenaza inminente, sino que estaba sustentado en un escenario hipotético.

En uno de los fallos se señaló que el análisis financiero presentado por Ecopetrol no permitía establecer con certeza que el daño estuviera próximo a ocurrir.

No obstante, el magistrado de la Corte Constitucional Héctor Carvajal presentó un recurso de insistencia para que el expediente fuera revisado por ese alto tribunal. La selección se concretó el 30 de octubre y el magistrado Miguel Polo Rosero quedó encargado de estudiar la tutela.

Carvajal consideró que el asunto ameritaba atención por la magnitud de las consecuencias que podría tener para la continuidad operacional de la empresa. Entre los elementos señalados está la posibilidad de que la DIAN adelante el cobro de la obligación que considera exigible y que una eventual compensación de saldos a favor afecte los recursos de la petrolera.

Por su parte, Ecopetrol aseguró a CAMBIO que estos litigios son una de las prioridades de la nueva administración, encabezada por Joaquín Gutiérrez. La compañía indicó que, además de las demandas de nulidad, presentó acciones preventivas para evitar medidas que puedan afectar sus activos.

La estatal también manifestó que sus asesores jurídicos consideran que los procesos relacionados con el IVA a los combustibles importados tienen altas probabilidades de éxito. Por esa razón, y de acuerdo con las normas contables, no ha constituido una provisión en sus estados financieros para cubrir esa obligación.

La DIAN, consultada por CAMBIO sobre una eventual reconsideración del conflicto, no había entregado una respuesta al cierre de la publicación. Sin embargo, la apoderada de la entidad, Carolina Delgado Esguerra, manifestó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que no existe actualmente un riesgo de embargo, pues no se ha notificado un mandamiento de pago ni se ha decretado una medida cautelar.

Así, mientras Ecopetrol insiste en que un eventual cobro podría comprometer su operación, la DIAN mantiene su posición sobre la obligación tributaria. Ahora será la Corte Constitucional la que examine la tutela, en medio de un litigio que enfrenta a dos entidades determinantes para las finanzas y la seguridad energética del país.

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