La Ley de Rescate Fiscal le saldrá más cara a los trabajadores de lo esperado. Los recursos de sus aportes que financian los subsidios y servicios de las cajas de compensación familiar están en la mira por la Ley de Rescate Fiscal del Gobierno de Abelardo de la Espriella. De hecho, las cajas advierten que la cuota monetaria que reciben millones de empleados podría reducirse desde 2027 y quedar desfinanciada en $500.000 millones, lo que pondría en riesgo los recursos para vivienda, primera infancia y recreación.
Para contexto, ese proyecto de ley plantea conseguir dinero para cubrir las deudas del sistema de salud. Para lograrlo, trasladaría a la Adres uno de los cuatro puntos que los empleadores aportan a las cajas de compensación (el 25%) y usaría los saldos sin ejecutar del FOSFEC, el fondo de protección al cesante.
Aunque el Gobierno busca fortalecer las fuentes de financiación de la salud, la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas), abogados laboralistas, representantes sindicales y expertos advierten sobre los posibles efectos en los costos de contratación, la formalización del empleo y los beneficios que reciben millones de afiliados.
Sin $500.000 millones
De entrada hay que dejar claro que el primero efecto sería sobre los trabajadores. Ya que los aportes del 4% pertenecen a los empleados y no a las cajas de compensación. El golpe más inmediato sería sobre los subsidios que prestan estas entidades sin ánimo de lucro.
Según un primer análisis de Asocajas, la iniciativa podría dejar un faltante superior a medio billón de pesos en los recursos destinados a la cuota monetaria durante 2027.
Germán Cano, gerente de análisis e investigaciones de Asocajas, sostuvo en conversación con El Colombiano que el cálculo corresponde a los posibles efectos del artículo 22 del proyecto de ley, que plantea trasladar a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) uno de los cuatro puntos que los empleadores aportan a las cajas.
“Si se materializa lo que está en el articulado, las cajas terminarían aportando a salud más o menos el 31% de sus ingresos de ese 4%. O sea, pasarían del 8,6% al 31,4% de giros directos al sistema de salud, casi que se cuadruplicaría lo que se aporta”, señaló.
El directivo aclaró que el análisis todavía está en desarrollo, pues el cambio en la destinación de los recursos tendría efectos encadenados sobre diferentes fondos y obligaciones legales de las cajas.
¿Qué es la cuota monetaria?
Los más afectados con la desfinanciación son las familias. Se trata de un subsidio que las cajas entregan mensualmente a los afiliados de menores ingresos por sus hijos que estudian. Es uno de los principales beneficios del sistema de compensación familiar.
Por ejemplo, si un trabajador tiene dos hijos que cumplen las condiciones, recibe dos cuotas monetarias mensuales. Si tiene tres hijos en esas circunstancias, puede recibir tres pagos. Incluso, ese subsidio puede entregarse por los padres del trabajador afiliado cuando estos no tienen ingresos y dependen económicamente del afiliado.
Actualmente, este beneficio llega a unas 4,8 millones de personas en Colombia, de acuerdo con Asocajas. Se proyecta que este año, las cajas destinen alrededor de $5 billones anuales para financiar esos subsidios. Esa cifra corresponde a las necesidades actuales del sistema y no es un monto fijo, pues los recursos requeridos aumentan cada año.
La preocupación del gremio se base en que la cuota monetaria representa uno de los servicios básicos con los que nacieron las cajas de compensación familiar y constituye uno de sus principales mecanismos de apoyo económico a los hogares de menores ingresos.
Otro de los rubros que estaría bajo presión es el denominado saldo de obras y programas, una bolsa de recursos que dichas entidades utilizan para construir, mantener y financiar infraestructura social.
De allí salen inversiones para nuevas instalaciones y para el sostenimiento de las que ya existen. Asimismo, se financian subsidios a las tarifas que pagan los afiliados de menores ingresos por acceder a diferentes servicios. Entre ellos están la educación, las entradas a parques recreativos y los cursos que ofrecen las cajas de compensación.
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Cano alertó que esta destinación tendría una disminución de recursos, lo que podría poner en riesgo nuevas inversiones, el mantenimiento de las instalaciones y los subsidios que permiten ofrecer tarifas más bajas a los trabajadores afiliados.
Frente a estos posibles efectos, Asocajas solicitó al Gobierno reevaluar la medida contemplada en el artículo 22 y abrir un espacio de diálogo para analizar sus consecuencias sobre el sistema de compensación familiar.
Parques y cursos más caros
Eso no es todo. Una fuente cercana al sistema de compensación familiar considera que la propuesta equivale a una reducción del salario social de los trabajadores que ganan entre 1 y 4 salarios mínimos. En sus cuentas, la medida les quitaría subsidios en dinero, como los destinados a hijos, adultos mayores, desempleo y vivienda, y también reduciría el acceso a servicios ofrecidos actualmente a tarifas subsidiadas.
El impacto se reflejaría en el costo de actividades cotidianas, por ejemplo, señaló que la entrada a un parque recreativo que hoy cuesta $5.000 para un trabajador que gana menos de 2 salarios podría subir a $50.000, mientras que un curso de $30.000 podría llegar a costar $300.000. Con base en estas estimaciones, la fuente calcula que la pérdida de beneficios equivaldría a una reducción promedio del 15% en el salario de los trabajadores que devengan menos de 4 salarios mínimos.
Cajas: un punto a la Adres
Actualmente, los empleadores deben aportar a las cajas de compensación familiar el equivalente al 4% del valor de la nómina de sus trabajadores afiliados. Estos recursos financian programas de bienestar como subsidios de vivienda, recreación, educación, turismo y otros servicios.
Solo para tener una idea del impacto. Comfenalco Antioquia cuenta con 444.989 trabajadores afiliados y una población total de 888.102 cubierta; mientras que Comfama tiene alrededor de 1,5 millones de trabajadores afiliados y 2,7 millones de beneficiados en total.
El artículo 22 de la Ley de Rescate Fiscal plantea que uno de esos cuatro puntos porcentuales que aportan los empleados se destine al aseguramiento obligatorio en salud, administrado por la Adres. En otras palabras, una cuarta parte del aporte que hoy reciben las cajas dejaría de financiar directamente programas de educación, vivienda cultura y esparcimientos, ganados con esfuerzo durante décadas por los trabajadores, y pasaría al sistema de salud. El giro se realizaría directamente a la Adres.
Según la exposición de motivos, esta modificación permitiría generar ingresos adicionales equivalentes al 0,14% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2027. El argumento del Gobierno es que las cajas cuentan con excedentes financieros que pueden contribuir a cubrir las necesidades de financiación del sistema de salud.
Excedentes FOSFEC para salud
La propuesta también contempla cambios en el uso de los recursos acumulados en el Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC).
Este fondo financia mecanismos de protección para las personas que pierden su empleo, incluidos beneficios asociados a la cotización a salud y pensión, programas de capacitación y herramientas para facilitar su regreso al mercado laboral.
El proyecto establece dos medidas. La primera permitiría que, durante cinco años a partir de 2027, las cajas utilicen los saldos del FOSFEC que no fueron ejecutados ni comprometidos al cierre de cada vigencia para cubrir pasivos del sistema de salud, siempre que estén auditados, conciliados y reconocidos.
Los recursos podrían destinarse a obligaciones de programas de aseguramiento propios de las cajas, así como a deudas de las EPS en las que estas entidades sean accionistas con hospitales, clínicas, programas propios o gestores farmacéuticos.
Durante ese periodo, las cajas también tendrían flexibilidad para distribuir los recursos del fondo según sus necesidades de ejecución, sin estar sujetas a los porcentajes fijos establecidos en la Ley 1636 de 2013. No obstante, deberán garantizar los beneficios del mecanismo de protección al cesante. Al terminar los cinco años, los recursos volverían a su destinación legal ordinaria.
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La segunda medida dispone que los recursos del FOSFEC efectivamente disponibles al 31 de diciembre de 2026, una vez garantizadas las obligaciones legales, se transfieran a la Adres para financiar el aseguramiento en salud. La Superintendencia del Subsidio Familiar tendría que depurar, conciliar y certificar el monto.
Para los consultores de Soluciones Pensionales ISP, estas medidas son clave porque permitirían que las cajas destinen durante cinco años los saldos no ejecutados ni comprometidos del FOSFEC al saneamiento de determinados pasivos de salud, siempre que estén auditados, conciliados y reconocidos.
Aunque aclaran que esto no implica trasladar indiscriminadamente todos los recursos del fondo, advierten sobre la falta de garantías para evitar que el cambio de destinación afecte los programas y beneficios dirigidos a quienes pierden su empleo.
“La pregunta es: ¿cuál es la garantía de que este cambio en la destinación de los recursos no afecte el programa y los beneficios de protección al cesante?”, indicaron.
Riesgos en programas sociales
Los cambios abren un debate sobre la capacidad de las cajas para mantener sus programas sociales con una menor disponibilidad de recursos. Sebastián Mejía, abogado líder de Scola Abogados, considera que las medidas podrían afectar a los afiliados, especialmente por la reducción de los recursos destinados a financiar los programas de estas entidades.
Uno de los rubros que podría verse comprometido, dijo, es el Fondo de Vivienda de Interés Social (Fovis), que permite a las cajas participar en la financiación de soluciones habitacionales y subsidios de vivienda.
Mejía también advirtió que esta Ley Fiscal podría generar retos adicionales para las cajas de compensación, al reducir sus ingresos disponibles y aumentar las obligaciones relacionadas con el sistema de salud.
El abogado señaló que parte de las medidas busca atender la situación de 11 cajas de compensación que tienen programas y deudas en salud que no están pudiendo sostener. En ese sentido, el traslado de los excedentes del FOSFEC a la Adres buscaría cubrir primero las obligaciones de estas entidades relacionadas con la prestación de servicios de salud.
Jorge Iván Díez, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), coincidió en que el traslado de recursos a la Adres podría reducir los fondos disponibles para financiar los beneficios sociales que reciben los trabajadores y sus familias, además de comprometer la sostenibilidad financiera del sistema de compensación familiar.
“En términos relativos, un punto de los cuatro representa el 25% del aporte originalmente destinado al sistema de compensación familiar. Esto podría representar una reducción importante de los recursos disponibles para atender sus diferentes obligaciones y programas”, anotó.
Díez plantea que se preserve el aporte del 4% y que las cajas de compensación mantengan su papel como parte del sistema de protección social. Su preocupación es que el fortalecimiento financiero de la salud termine debilitando los programas de bienestar de los afiliados.
“En Colombia, la cotización al régimen contributivo de salud equivale al 12,5% del ingreso base de cotización: el trabajador aporta 4% y el empleador, el 8,5%. Por eso, cualquier modificación debe analizarse teniendo en cuenta quién asumiría el costo adicional y cómo se aplicaría el incremento”, agregó.
Una posición distinta tiene la senadora del Centro Democrático María Clara Posada, quien respalda la destinación de estos recursos adicionales al sistema de salud. “Creo que esa es una buena medida que ayuda a subsanar el hueco financiero del sistema y, sobre todo, a recomponer la situación para que la salud vuelva a ser un derecho al que todos tengamos acceso y no un privilegio”, señaló.
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Aunque reconoce que la medida podría afectar los subsidios y servicios de las cajas, considera que estas deben buscar eficiencias administrativas y reducir sus gastos de funcionamiento antes de recortar inversiones o beneficios para los afiliados.
“La salida más fácil siempre es reducir la inversión o los beneficios. Lo que hay que pensar es cómo reducimos el funcionamiento, la nómina, la burocracia y el aparato, para que al final el objeto social de las cajas de compensación no se afecte, pero seamos muchísimo más eficientes en el gasto”, expresó.
Aumentaría aportes a salud
La Ley de Rescate Fiscal también propone modificar las cotizaciones a salud de los trabajadores dependientes que superen determinados niveles de ingreso. Actualmente aportan 4% de su salario. Con la propuesta, quienes ganen más de 2 salarios mínimos pagarían una tarifa de entre 5% y 8%, según sus ingresos.
Esto reduciría el dinero que reciben cada mes los trabajadores cobijados por el cambio, aunque su salario nominal se mantenga igual.
Mejía señaló que el ajuste tendría un efecto directo sobre el ingreso disponible y podría desincentivar la formalización en actividades que ya presentan altos niveles de informalidad. No obstante, reconoció que la medida podría tener un componente de equidad, al exigir mayores contribuciones a quienes reciben ingresos más altos.
El aumento de los aportes obligatorios a salud también podría reducir la base gravable para calcular la retención en la fuente y el impuesto de renta, aunque cambiarían las condiciones para determinar las obligaciones de declarar y pagar este tributo.
Exoneraciones cambiarían
El proyecto propone modificar, desde el 1.º de enero de 2027, las exoneraciones que tienen algunos empleadores en los aportes a salud, Sena e Icbf. Actualmente, el beneficio aplica para trabajadores que ganan menos de 10 salarios mínimos, pero el proyecto reduce ese límite y establece condiciones según el nivel de ingresos.
Las empresas conservarían la exoneración total por empleados que devenguen hasta 2 salarios mínimos. Por quienes ganen más de 2 y hasta 3 salarios, tendrían que pagar 4% para salud, 1% para el Sena y 1% para el Icbf. Para salarios superiores a tres mínimos se eliminaría el beneficio y se asumirían las tarifas ordinarias completas.
La medida restringe las exoneraciones para empresas y otros empleadores, aunque mantiene algunas excepciones. Según María Paula Dueñas, de Baker McKenzie, el beneficio equivale al 13,5% del salario, por lo que una empresa que pierda la exoneración de un trabajador que gana $5 millones tendría que pagar unos $675.000 adicionales al mes.
Además, dicha ley afectaría a la clase media trabajadora, ya que subiría el IVA del 5% al 19% los planes de medicina prepagada.
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