El aumento del IVA al café, que pasaría del 5% al 19% a partir de 2028, abrió un nuevo frente de discusión alrededor del proyecto de Ley de Rescate Económico radicado por el Gobierno en el Congreso. Esta vez, la advertencia llegó desde el sector cafetero, a través de Germán Bahamón Jaramillo, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, quien cuestionó los posibles efectos de la medida sobre el consumo y la producción nacional.
A través de un pronunciamiento en su cuenta de X, Bahamón manifestó que el gremio comparte la necesidad de recuperar la estabilidad de las finanzas públicas, pero considera que aumentar la carga tributaria sobre el café puede terminar afectando a toda la cadena productiva.
“Nos preocupa profundamente la propuesta de incrementar del 5% al 19% el IVA al café”, señaló el dirigente gremial.
Para Bahamón, el impacto no se limitaría al precio que pagan los consumidores. El incremento podría contraer la demanda, afectar a la industria nacional y dificultar las iniciativas que buscan promover el consumo de café 100% colombiano.
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El gerente de la Federación también advirtió sobre el riesgo de que los consumidores sustituyan el producto nacional por cafés importados de menor precio, lo que, en su opinión, iría en detrimento del valor agregado que genera la cadena cafetera en Colombia.
La preocupación tiene como telón de fondo el papel económico y social de esta actividad. Detrás de cada taza de café colombiano, recordó Bahamón, hay cientos de miles de familias productoras, empresas transformadoras y una industria que genera empleo y aporta al desarrollo económico del país.
“El café colombiano ha enfrentado incrementos importantes en su precio al consumidor y, aun así, ha logrado mantener niveles significativos de consumo. Pero esa capacidad de resistencia tiene límites”, afirmó.
¿Qué propone la Ley de Rescate Económico?
El pronunciamiento del gremio se conoce un día después de que el Gobierno radicara ante la Cámara de Representantes el proyecto de Ley de Rescate Económico, identificado como el Proyecto de Ley 477 de 2026. La iniciativa busca estabilizar las finanzas públicas mediante una combinación de reducción del gasto estatal y cambios en el sistema tributario.
Uno de los principales componentes de la propuesta es la modificación del impuesto al valor agregado (IVA). Aunque la tarifa general se mantendría en 19%, el proyecto contempla eliminar, desde 2028, la tarifa diferencial del 5% que actualmente se aplica a productos como café, azúcar, aceites, pastas y chocolate.
La iniciativa también plantea reducir el listado de bienes excluidos del impuesto. Entre los productos que perderían ese tratamiento están las frutas y verduras frescas, el café en grano, el maíz, la sal y algunos insumos agrícolas, además de computadores, celulares y paneles solares.
Los cambios no se limitarían a los alimentos. Los vehículos eléctricos e híbridos y las bicicletas también perderían sus beneficios tributarios y pasarían a estar gravados con la tarifa general del 19%.
En su revisión preliminar del articulado, Lisandro Junco, exdirector de la Dian y consultor tributario, identificó el IVA como uno de los ejes centrales de la iniciativa. También advirtió sobre otros ajustes que tendrían efectos en los contribuyentes, como la reducción del umbral de ingresos a partir del cual las personas naturales comenzarían a pagar impuesto de renta, los cambios en las deducciones y la eliminación de algunos beneficios tributarios.
En el caso de las empresas, el proyecto propone reducir gradualmente la tarifa del impuesto de renta, del 35% actual al 33% en 2027 y al 31% desde 2028.
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El Gobierno, por su parte, defiende la iniciativa como una herramienta para corregir el desequilibrio de las finanzas públicas. Según el Ministerio de Hacienda, cerca del 70% del ajuste fiscal provendría de medidas de reducción del gasto estatal. Además, propone un mecanismo de devolución del IVA para beneficiar a 19 millones de personas con la restitución total del impuesto y a otros 16,5 millones con devoluciones parciales.
Sin embargo, el planteamiento ya genera inquietudes en sectores productivos que consideran que el aumento de los impuestos al consumo podría tener repercusiones sobre sus actividades y mercados.
En el caso cafetero, Bahamón insistió en que la discusión fiscal debe contemplar los efectos sobre la demanda y la competitividad de la producción nacional. Su llamado está dirigido tanto al Ejecutivo como al Congreso, donde apenas comienza el trámite de la iniciativa.
“Compartimos la necesidad de recomponer las maltrechas finanzas públicas heredadas, pero gravar aún más el café no es un camino. Aportamos más al país, creciendo el consumo”, concluyó.
El dirigente gremial pidió reconsiderar el incremento y defendió el consumo interno como una vía para fortalecer la cadena cafetera. “Proteger el consumo de café colombiano también es proteger nuestra economía”, afirmó.